El Gobierno local denuncia 337 heridos en choques con la policía

Las actuaciones de la policía española para impedir a los ciudadanos votar en el referéndum de independencia en Cataluña dejaron hasta el momento 337 heridos.

En la misma comparecencia, el responsable de Exteriores de la región, Raül Romeva, anunció que el Gobierno catalán "iniciará contactos con la Unión Europea (UE) por vulneración de derechos fundamentales".

La Policía tenía orden de impedir que se votara en la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional y considerada ilegal por el Gobierno central de Mariano Rajoy.

La intervención de los agentes en los colegios electorales provocó incidentes ya desde los primeros minutos de la votación iniciada a las 9 horas de ese país. Luego se registraron choques en Barcelona y otros puntos de Cataluña. Los ciudadanos están llamados a sufragar hasta las 20:00 horas.

En una comparecencia previa, el jefe del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a las fuerzas de seguridad españolas de "brutalidad" y "violencia injustificada".

"Es una acción injustificada e injustificable", dijo. "Ante la violencia injustificada, las porras, las balas de goma... urnas, papeletas y colegios, la imagen del estado exterior ha llegado a unas cuotas de vergüenza que le acompañará para siempre", añadió.

El Gobierno central, por el contrario, culpó a Puigdemont por la escalada de tensión debido a su insistencia en un referéndum suspendido por la Justicia y justificó la actuación policial. "Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer", lamentó el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo. También el Ministerio del Interior justificó la actuación policial: "La Policía retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal", sostuvo el ministro Juan Ignacio Zoido.

Los secesionistas tienen previsto declarar la independencia de Cataluña 48 horas después de que se conozca el resultado de la votación si gana el "sí", pese a que el referéndum fue suspendido por la Justicia y carece de reconocimiento internacional, junta electoral, censo y participación mínima para validar el resultado.

La consulta unilateral en una de las regiones más ricas y pobladas de España plantea un escenario imprevisible y abre la peor crisis institucional de las últimas décadas en el país, además de un inesperado foco de inestabilidad en Europa.

En tanto, la Policía Nacional española utiliza la fuerza contra los votantes para abrirse paso en diferentes centros de votación de Cataluña, donde comenzaron a retirarse las urnas, una medida que bloqueó parcialmente el referéndum de secesión unilateral, ya que en varios puntos los catalanes están votando con "normalidad".

La Guardia Civil española, por su parte, aseguró que logró neutralizar parcialmente la aplicación del "censo universal" electrónico que anunció el gobierno catalán poco antes de que comience la votación, para permitir que se pueda ejercer el derecho a voto en cualquier centro de votación. Para ello restringieron el uso de Internet a través de las operadoras.

Al poco del arranque de esta jornada histórica de votación, el Ejecutivo central español de Mariano Rajoy dio por "desbaratado" el referéndum. Sin embargo, media hora más tarde, el vocero del gobierno catalán, Jordi Turrull, rebatió esa información al afirmar en conferencia de prensa que "el 63% de los centros de votación, 3 de cada 4, están funcionando, lo que significa que 4.600 mesas electorales están abiertas".

"Pedimos serenidad y paciencia. Los miembros de cada mesa tienen un teléfono para contactar con el centro de asistencia técnica de este censo universal, y ante cada problema pondremos una solución", dijo Turull, quien insistió en que el gobierno catalán garantizará que todos los ciudadanos puedan votar.

Por su parte, el Ejecutivo español criticó la "pasividad" de los Mossos de Esquadra (policía catalana), quienes tenían órdenes de precintar las escuelas que debían funcionar como centros de votación antes de las 6 de la mañana, cumpliendo órdenes judiciales, y no lo hicieron "poniendo en riesgo el prestigio" de ese cuerpo por razones políticas.

"Por eso la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que actuar. El objetivo no son las personas. Es el material electoral. Nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos hacer", dijo el Delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo.

"Todo es un engaño. Todo es una farsa. Es la primera vez en la historia en que a 45 minutos de que comience la votación se cambian las reglas del juego", remarcó la máxima autoridad del gobierno español en la región.

Los ciudadanos y muchos militantes independentistas se están desplazando desde los centros de votación cerrados a otros para intentar mantenerlos abiertos a través de la resistencia pacífica y poder votar.

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