El conflicto que mantenía paralizada la navegación en distintos puertos del país llegó a un principio de solución. El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje y resolvió suspender temporalmente el Decreto 690/2026, que había provocado el rechazo de los trabajadores y derivado en una medida de fuerza por tiempo indeterminado.
A partir del entendimiento, los prácticos retomarán inmediatamente sus tareas de asistencia a los buques, permitiendo normalizar el movimiento de embarcaciones vinculadas al comercio exterior. Como parte de la negociación, el sector aceptó además una reducción del 20% en las tarifas correspondientes al servicio.
El acuerdo representa un cambio respecto de la postura que había mantenido el Ejecutivo horas antes. Durante el martes, la Prefectura Naval Argentina había intimado a los profesionales a retomar sus funciones y advertido sobre la posibilidad de iniciar sumarios administrativos y denuncias penales si continuaba la protesta.
Sin embargo, finalmente se abrió una instancia de negociación y se decidió frenar transitoriamente la aplicación del decreto mientras se discuten sus principales puntos. Para ello se conformará una mesa de trabajo coordinada por el Gobierno nacional, con participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa y otros organismos vinculados a la actividad.
El decreto que desató el conflicto
La protesta había comenzado en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado como parte de la política de desregulación del Ejecutivo. Entre otras modificaciones, la normativa flexibilizó las condiciones para la contratación de prácticos, cambió requisitos relacionados con la navegación y avanzó sobre el esquema tarifario vigente.
Desde el sector cuestionaron especialmente las consecuencias que, según sostienen, podían tener esos cambios sobre la seguridad de la navegación. Los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes durante el ingreso, egreso y desplazamiento de grandes embarcaciones por ríos, canales, hidrovías y puertos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había defendido la reforma y cuestionado duramente los costos del servicio. Desde el sector respondieron que las tarifas son abonadas por las compañías navieras y rechazaron las críticas del funcionario.
Con el decreto ahora suspendido temporalmente y el compromiso de discutir un nuevo esquema, la actividad portuaria comienza a normalizarse mientras Gobierno y prácticos continúan las negociaciones.