El gremio ATECh pidió que también se investiguen en Comodoro las eventuales irregularidades en las obras escolares

La Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, luego de haberse concentrado en reclamo de respuestas al Gobierno provincial y en defensa de la educación y la escuela pública, solicitó ayer al Ministerio Público Fiscal que también se investigue en Comodoro Rivadavia la eventual comisión de delitos en los que se habría incurrido desde el Ministerio de Educación de la provincia, en la contratación de obras de refacción en escuelas de esta ciudad. Hubo pedidos de renuncia o juicio político a la titular de ese ministerio, Graciela Cigudosa.

La regional zona sur de ATECh, con el respaldo de las dos CTA, otras organizaciones sociales, padres y alumnos, realizó ayer una concentración, a partir de las 11, en la plaza de la escuela 83, donde se reclamó por la urgente reparación de edificios escolares, algunos de los cuales -se aseguró- no ofrecen las mínimas condiciones de seguridad.

Más de 300 personas participaron en la concentración y posterior movilización, que concluyó con la presentación de una nota en el Ministerio Público Fiscal, en la que se reclamó que también se investigue en Comodoro la comisión de eventuales delitos en la contratación de trabajos de reparación de escuelas, “algunos de los cuales se pagaron o no se hicieron, y otros se decidieron de manera directa”, se aseguró en la plaza y en línea con la denuncia que ya motivó la actuación de Fiscalía en Trelew y Rawson.

RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO

Antes de la presentación de la nota en el Ministerio Fiscal, unas 300 personas se concentraron en la plaza de la escuela 83, en la que hablaron el titular de la regional zona sur de ATECh, Daniel Murphy; Miguel Navarro por la CGT; Sergio Benítez de la CTA de los Trabajadores; Gloria Herrera de los Docentes Universitarios; Armando Vargas de ATE; Federico Leguizamón por los estudiantes universitarios; Arturo Ruiz en representación de los padres de la escuela 742; estudiantes autoconvocados que también reclamaron por la vigencia del Transporte Escolar gratuito y alumnos de la escuela 731.

Los discursos fueron coincidentes en el reclamo para que el gobernador Mariano Arcioni adopte decisiones para asegurar el estado de las escuelas, cuyas malas condiciones “la regional viene denunciando hace años, pero seguimos igual”.

Luego de que padres y alumnos solicitaran “urgentes respuestas y reparaciones” para poder “estudiar seguros y como corresponde”, Gloria Herrera transmitió el apoyo de los Docentes Universitarios, y Armando Vargas de ATE recordó lo sucedido en la escuela 169 del Stella Maris y en la 731 del barrio Pietrobelli.

“Una fue construida sobre tres pozos de petróleo y otra explotó el 28 de abril de 2001. No queremos que esto vuelva a pasar, y por eso las organizaciones sociales reclamamos que el Estado se haga cargo de sus obligaciones”, sentenció.

En los discursos, sobre todo en el del dirigente de la CTA de los Trabajadores, también se pidieron definiciones políticas sobre la ministro de Educación, Graciela Cigudosa (también candidata a diputada provincial), “quien si no renuncia, debe ser desplazada por el gobernador”, sostuvo Benítez.

EL PEDIDO A LA JUSTICIA

Finalmente, luego de la movilización por calle San Martín, Daniel Murphy y Carina Mardones, secretario general y de prensa de la regional de la ATECh, entregaron una nota del gremio docente en el Ministerio Fiscal.

Desde el texto, entregado en mesa de entradas, se reclamó que al igual que lo que sucede en Trelew y en Rawson, se investigue en Comodoro y Rada Tilly la posible comisión de delitos e irregularidades “en las obras de mantenimiento y refacción de edificios escolares”.

Luego de indicar que esa investigación ya se realizó en las ciudades del valle mencionadas, los sindicalistas recordaron que “en nuestra zona son numerosas y reiteradas las fallas en los sistemas de calefacción, eléctricos, de agua y cloacas”, por lo cual “se manifiestan razonables dudas sobre la seguridad de estudiantes y trabajadores de educación”.

De inmediato, también se afirma y cuestiona que “el sistema de contratación implementado recientemente y el pago de tareas de mantenimiento que deben realizar los directivos, suscita también dudas y preocupaciones ya que se exceden las funciones asignadas y se pone a los mismos en situaciones inconvenientes e irregulares”.

Finalmente, y teniendo en cuenta que se trata de una situación que compromete el patrimonio del estado provincial y las garantías de trabajadores y estudiantes, los docentes solicitaron “que se realicen las actuaciones que se creen pertinentes, ofreciendo desde ya nuestra colaboración para recabar los insumos que estén a nuestro alcance”.

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