“No sólo impactará negativamente en la economía de Chubut al frenar las adquisiciones de bienes en nuestra provincia, al saber que estarán alcanzados por un nuevo impuesto, sino que generará innumerables perjuicios y posibles deudas a los herederos en caso de transmitirse bienes ilíquidos, como lo son los inmuebles”.

Según el exvicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Gerosa Lewis, la nueva imposición “puede forzar la venta de los bienes para afrontar el pago del impuesto, la paralización de los trámites sucesorios o tener que salir a gestionar un préstamo para poder hacer frente al tributo”.

En tal sentido, “lo que es peor aún, desatará muchas acciones judiciales que finalmente todos los chubutenses deberemos pagar por su manifiesta inconstitucionalidad”.

Gerosa Lewis también fue presidente del Colegio de Abogados de Esquel. “Este tema ya fue definido en Entre Ríos, donde un impuesto de idéntica naturaleza fue declarado contrario a la ley fundamental, y finalmente derogado por el gobernador en virtud de tal decisión jurisdiccional”.

“La inconstitucionalidad es patente y notoria –subrayó en declaraciones a Jornada-, ya que restringe en condiciones excesivas los derechos de propiedad y de disponer del patrimonio, toda vez que alcanza una parte sustancial de la renta de varios años de capital ganado. Conmueve el sistema federal de gobierno al habilitar que el gravamen recaiga sobre bienes fuera del territorio provincial”.

El letrado aseguró que Chubut carece de facultades para establecer un impuesto sobre bienes que no están situados en su jurisdicción. “El artículo 93 de la Constitución Provincial expresa que la ubicación territorial del hecho imponible es el principio orientador del derecho fiscal de la provincia”.

El proyecto de ley “vulnera el principio de igualdad ya que no todos los sujetos involucrados en una misma situación jurídica o de hecho tributan de igual forma”.

Por ejemplo, “si fallece una persona que tiene dos herederos y uno de ellos vive en Chubut y el otro en otra provincia, sólo el primero deberá pagar el tributo por los bienes de extraña jurisdicción, sin perjuicio de que, además, otros ciudadanos argentinos no pagan este impuesto ser de otras provincias”.

El abogado concluyó que “el Estado no debería convertirse en un aro de hierro puesto en el tronco del árbol para asfixiar e impedir el crecimiento de las personas y familias, sino ser un instrumento flexible destinado a favorecer sus evoluciones, en el tiempo y en el espacio”.

El proyecto oficial “va en sentido contrario a este pensamiento. Nuestros representantes todavía están a tiempo de pararlo. De no hacerlo, el remedio resultará peor que la enfermedad y en un futuro no muy lejano veremos enormes perjuicios que causará para toda la actividad económica de Chubut, tal como lo han advertido también -seguramente basados en su experiencia práctica- los escribanos de nuestra provincia”.

LOS ABOGADOS

Antes que Gerosa Lewis fueron los miembros del Colegio de Abogados de Puerto Madryn los que indicaron que “no nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen con el pago de sus impuestos para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad”.

Con un tono inusualmente crítico, el documento del Colegio de Abogados de Puerto Madryn sentó inequívoca postura sobre el impuesto que se pretende aplicar a las transferencias de bienes o herencias.

Se trata de una de las pocas iniciativas de la dupla Arcioni-Antonena que sobrevivió al paquete de ajuste original, ya que no tendrán tratamiento parlamentario ni la venta de tierras fiscales con bosque nativo; ni la Tasa Vial; ni la creación de una empresa provincial pesquera o cambios en la Ley de Pesca para disponer de nuevos permisos; así como tampoco el congelamiento salarial a los empleados públicos por 6 meses.

Los profesionales de las leyes directamente exhortaron “a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia”.