La investigación por el presunto pago de coimas en el marco de la negociación por la extensión del contrato en la explotación del yacimiento Cerro Dragón, continúa su avance luego de la denuncia realizada por el ex Procurador General, Eduardo Samamé, quien dio a conocer el mecanismo por el que se habría producido este pago irregular mediante la cesión, venta y posterior devolución de tres áreas exploratorias: Paso de Indios, Nueva Lubecka y Paso Moreno.
Ahora la línea de investigación continuará en Estados Unidos. Según pudo confirmar Diario Patagónico, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya envió un exhorto a la Securities and Exchange Comision (SEC) de ese país para que confirme la autenticidad o no de la supuesta autodenuncia realizada por British Petroleum (BP), socia de Pan American Energy, operadora que explota este yacimiento que es considerado el más importante de Argentina.
El pedido se ejecutó a través de la Embajada argentina en Washington. Sin embargo, resta determinar si la Cámara de Valores está obligada a responder lo solicitado, lo que sería determinante en el avance de la investigación, teniendo en cuenta que esa presunta autodenuncia fue el desencadenante para originar la causa en abril de 2014.
AFIRMACIONES Y DESMENTIDAS
Cabe recordar que el martes -luego de que Diario Patagónico diera a conocer la llegada del fiscal federal, Guillermo Marijuan, a Chubut y su posterior exhorto en el Ministerio de Ambiente, en Rawson- Pan American Energy (PAE) negó la “existencia de irregularidades” en la firma de dicho acuerdo, ratificando que su accionista BP “no ha realizado ninguna autodenuncia conforme lo ha manifestado formalmente esa empresa ante las autoridades de la Provincia”.
Sin embargo, en abril de 2014 diversas fuentes confirmaron que BP -que reúne a firmas que cotizan en Wall Street y tiene el capital mayoritario de PAE- habría pedido a la Comisión de Valores que investigue las operaciones al interior de la operadora. De esa manera evitaría posibles sanciones en la Bolsa de Valores.
Estas no serían las únicas contradicciones que existen en torno al supuesto pago de coimas. En diciembre el Gobierno provincial se constituyó como querellante en la causa federal en la que entiende Canicoba Corral. Antes ya se había iniciado una causa a nivel provincial, la cual quedó estancada, y se había solicitado conocer la documentación supuestamente presentada en la SEC.
El pedido fue ejecutado a través de una carta enviada a Richard Spies, CEO de la compañía en Argentina, pero nunca obtuvo respuesta. Ante esta situación, en diciembre el fiscal de Estado, Miguel Montoya, visitó las oficinas de BP en Buenos Aires para volver a realizar el pedido.
En este marco se negó esta documentación y además aseguraron que no hubo un requerimiento por parte de la SEC.
Sin embargo, al realizar la misma consulta a los representantes de PAE la operadora aceptó la existencia de dos requerimientos que sólo serían contestados al organismo estadounidense.
El panorama es complejo y se espera que se esclarezca con el pedido de Canicoba Corral, el cual podría “tardar varios meses ya que se realizó por la vía diplomática”.
Mientras tanto, se espera que el Gobierno provincial entregue la documentación solicitada por Marijuan en el Juzgado Federal de Rawson. Lo haría en las próximas horas el ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, que intervino ante el pedido del gobernador, Martín Buzzi, quien también solicitó la participación del asesor General, Jorge Echelini.
El funcionario presentaría la documentación relacionada con las áreas de Paso de Indios, Nueva Lubecka y Paso Moreno, las cuales fueron cedidas por el gobierno de Mario Das Neves a capitales privados, que luego las vendieron por 47 millones de dólares a PAE, que finalmente las devolvió al Estado al no encontrarle utilidad geológica.