El juez que habría hecho uso y abuso de su condición
Martín Alesi habría invocado su condición en diversas situaciones para favorecer a su pareja que tenía un conflicto con el padre de sus hijos. El Consejo de la Magistratura impulsaría su juicio político.

El jueves pasado y en el marco de una nueva sesión del Consejo de la Magistratura de Chubut, se aprobó el informe final del sumario realizado al juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, a partir de una denuncia efectuada por el ciudadano Martín Larrañaga y se remitieron las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento para que el suspendido magistrado sea sometido a jury por presunta falta grave.

Del sumario surgen datos sobre la conducta de Alesi, ligados a un conflicto familiar entre quien por entonces era pareja del magistrado y Larrañaga, quien es padre de los hijos de la mujer, como así también familiares de éste.

Respecto de un hecho en el cual se señala a Alesi de hacer uso indebido de su cargo en forma personal por llevar una notificación judicial a las autoridades de un colegio de Rawson, al cual asisten los hijos del denunciante, la sumariante María Eugenia Jacobsen expresó –según Jornada- que “es cuestionable que el Dr. Alesi haya intervenido personalmente en esta notificación, respecto de la que además tiene pleno conocimiento, que debe efectuarse por los medios habituales para que sea fehaciente”. Y agrega que de las pruebas colectadas se desprende que “tenía en su poder una copia simple de una resolución judicial que por no ser parte directa en la causa no debiera tener”.

“¿NO SABE QUIEN SOY YO?”

En referencia a las supuestas amenazas que habría proferido a la directora de la escuela, la testigo declaró que “al ser requerido sobre sus datos por parte de la directora, quien no lo conocía, se presenta como juez en un tono de voz dominante e imperativo” y hasta refirió una suerte de amenaza al hacerle saber que en caso de ser necesario hablaría con un “Arzobispo de La Plata” que tendría injerencia en colegios católicos.

Respecto a un incidente ocurrido fuera del mismo establecimiento escolar en marzo de 2018 entre Alesi y un hermano del denunciante, la sumariante hizo hincapié en el informe de una portera del establecimiento y en el testimonio de una testigo que aseguró que escuchó gritos y vio que era Alesi, que estaba en la vereda refiriéndose a Matías Larrañaga.

Alesi –según la testigo- gritaba, insultaba y gesticulaba: según declaró, describió la expresión de la cara y los ojos del juez “como la de un desquiciado”.

La portera asegura que Alesi se presentó como juez y no como familiar de los hijos de Larrañaga. Además, surge un acta del libro de notificaciones del personal, donde la portera habría expresado haberse sentido presionada por Alesi para que dijera que “al menos en cinco oportunidades había escuchado que Matías Larrañaga lo había amenazado de muerte”.

Una situación similar se planteó respecto de la intervención del juez ante un pedido a directivos de un establecimiento de Playa Unión por parte de su pareja, para que los mismos negaran al denunciante el pedido de pase de su hija a otra escuela. En ese contexto surge que Alesi, en un llamado telefónico, habría recriminado a la vicedirectora por su postura, subiendo el tono de voz y diciéndole que ella tenía que hacer caso a lo que él decía, que podría estar vulnerando el derecho del niño y que, si no lo hacía, la iba a denunciar. También señala que varias veces le recordaba si sabía quién era él, en referencia a su cargo e investidura.

En la parte final de su análisis, la sumariante Jacobsen dice que también aparece como falta grave que, al momento de estos hechos denunciados, Alesi todavía era juez de la causa por custodia y alimentos en la cual su pareja era parte; y que recién se apartó de la misma por una recusación, mientras que en otra causa por violencia iniciada en el mismo juzgado a su cargo se excusó en coincidencia con el dictado de una medida de prohibición de acercamiento en la sede penal de Trelew.

“Son indicios de que utilizó su investidura respecto de otros funcionarios y operadores judiciales”, concluyó la sumariante.