La convocatoria fue ratificada por el titular de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, Javier Aravena, previéndose que las negociaciones se desarrollen en el edificio de la Jefatura de Policía con sede en Rio Gallegos.

Además, esta vez serán incluidos en esa mesa el denominado grupo de Policías Autoconvocados que en gran parte está integrado por personal retirado de la fuerza y fue uno de los principales impulsores de la protesta en reclamo de incrementos salariales, el cual se fue extendiendo a toda la provincia.

Iniciaron acampes en Río Gallegos y Pico Truncado y, contrariamente a lo que presumían funcionarios provinciales, los mismos no se levantarán pese a la convocatoria, hasta tanto no haya una propuesta salarial firme.

Es que los referentes de la principal fuerza de seguridad, tanto activos como pasivos, presumen que en la primera paritaria no se definan los aumentos tal como aconteció la semana pasada con ATE y otros gremios estatales y este lunes con el sector docente, a los que solo se le explicó las dificultades financieras que atraviesa el gobierno.

Y bien hay versiones que a las fuerzas de seguridad se les hará una propuesta concreta (en dos tramos), los acampes no se levantan y tampoco se retiran las pancartas y banderas que se observan frente a no pocas reparticiones.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Caleta Olivia donde en varias comisarías y en la alcaidía continúan fijadas las banderas argentinas con leyendas alusivas al reclamo (foto) y además ya se llevaron a cabo al menos cuatro “bocinazos” en el curso de las últimas semanas.

En un principio las protestas eran protagonizadas principalmente por personal policial retirado pero la trágica muerte del subcomisario Gabriel Trujillo que viajaba en su moto para cumplir con un servicio adicional y fue atropellado por un auto conducido por un ebrio, motivó que los reclamos por salarios dignos tuvieran más fuerza, reflejándose también en masivas retenciones de servicio del personal subalterno.

En tanto, en lo que respecta a Caleta Olivia, por instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, se dispuso que tanto personal local de Prefectura Naval y Policía Federal, colaboren con la vigilancia pública, tanto con rondas de móviles de esas reparticiones como con personal a pie.

Voceros del primer organismo señalaron a El Patagónico que se les solicitó que la tarea la ralicen de una manera tal que no genere “roces” con los policías que se encuentran con medidas de fuerza , aunque tienen la facultad de proceder a detenciones en casos de emergencia y hacerse cargo de delitos de orden federal, como ser aquellos relacionados con el narcotráfico.

Incluso está latente la posibilidad de que, en caso de extenderse el conflicto en las fuerzas provinciales, se requiera el apoyo de prefectos basados en Comodoro Rivadavia.