El Plan de Seguridad Participativa también se implementará en Sarmiento

El Plan de Seguridad Participativa se implementará en Sarmiento a mediados de febrero, en respuesta a esa comunidad que viene reclamando por la inseguridad reinante en la ciudad de los lagos. A raíz de ello el viernes hubo un encuentro entre funcionarios del Gobierno provincial y local; Poder Judicial y Policíal para abordar cuestiones referidas a las problemáticas.

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Municipalidad de Sarmiento y se inició con la presentación del subsecretario de Seguridad y Justicia, Diego Carmona, quien manifestó que en materia de seguridad se podían realizar abordajes en conjunto con participación en la contención social, lo cual es diferente a la faz represiva del delito.
En este sentido el funcionario expresó que «lógicamente hay episodios en los que es preciso la actuación de la Justicia sobre quienes están al margen de la ley, para que sufran las consecuencias que corresponden, pero el objetivo debe ser la recuperación de los sectores en riesgo».
Asimismo el subsecretario indicó que «hasta el momento no se realizaron trabajos en conjunto entre las diferentes instituciones para poder lograr un seguimiento de los casos».
Carmona manifestó además que «es entendible la reacción de quien fue víctima de un delito, pero se debe analizar caso por caso y tratar de recupera la responsabilidad, entendiendo que es mejor la propuesta de tareas comunitarias que encerrar en una celda a un joven que luego saldrá convertido en un ladrón profesional».
En ese contexto, sostuvo que los objetivos pasan por el aprovechamiento de los recursos, para identificar las particularidades de cada localidad en función de la implementación del Plan de Seguridad Participativo, que se desarrollará a partir de mediados del mes de febrero.
Por su parte el juez, Alejandro Rosales indicó que «lo primero es reconocer que existe el problema, para poner el empeño en encontrar medidas alternativas, como las propuestas de trabajos comunitarios y reinserción en el sistema educativo».
El magistrado consideró que «en Sarmiento existía una posibilidad única de recuperar la paz social, en función de ser una comunidad tranquila y de pocos habitantes».
En tanto, la representante del Ministerio Público Fiscal, Andrea Vázquez, indicó que «la problemática con los menores de edad ocurre a raíz de que no existe ningún tipo de contención por parte de los Poderes del Estado, por lo que los menores que comenzaron con acciones delictivas a los 13 años llegan a los 17 prácticamente desbandados».
La fiscal también dijo que «es evidente la falta de prevención por parte de la Policía y reclamó la necesidad que los oficiales no permanezcan dentro de las oficinas, sino caminando por las calles y hablando con la gente».
Más adelante coincidió en que es necesario profundizar las tareas de seguimiento de los casos en los menores y explicó que «no se puede enviar a la cárcel a los padres por las acciones de sus hijos».
En tanto el juez, Roberto Casal se refirió a cuestiones vinculadas al aspecto penal y tutelar del Estado, remarcándole a los presente la necesidad de trabajar en conjunto para saber las necesidades de la comunidad al momento que los jueces determinen medidas de tareas comunitarias.

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