En menos de 24 horas, el Poder Judicial clausuró dos causas sobre episodios de espionaje ilegal durante la administración Cambiemos. Un fallo de la Corte benefició directamente a Mauricio Macri, que podrá festejar sus logros judiciales junto con su creciente influencia en el Gabinete de Javier Milei. “Está claro que está en pleno funcionamiento la lavandería de Macri en la justicia”, denuncia el exdiputado Leopoldo Moreau, que presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que investigó lo sucedido durante el macrismo.

El 15 de noviembre de 2017, se perdió todo contacto con el submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes. Sus familiares esperaban noticias, intentaban contactar al Presidente para que se profundizara la búsqueda mientras hacían marchas y misas. Todo eso fue documentado por la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En septiembre de 2020, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado los partes que daban cuenta de los seguimientos a las familias. La investigación avanzó en Mar del Plata y luego se mudó a Dolores, donde en diciembre de 2021 el juez Martín Bava procesó al expresidente.

La osadía de Bava apuró los tiempos. Veinte días después de dictar el procesamiento contra Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó las tres causas de espionaje que tramitaban en Dolores: la que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio, la del llamado Proyecto AMBA y la del ARA San Juan.

El 1 de febrero de 2022, Bava remitió todos los expedientes a Julián Ercolini. El 15 de julio de ese año, la Cámara Federal de Comodoro Py asestó el golpe de gracia a la causa del ARA San Juan y sobreseyó a Macri. Según los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, las tareas de la AFI sobre los familiares existieron, pero estaban justificadas. En noviembre de 2023, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con una composición especial, dejó firmes los sobreseimientos.

Horas antes de que la Corte rechazara el recurso in extremis, Ercolini había archivado la causa sobre el llamado Proyecto AMBA. Durante el macrismo, la AFI multiplicó su presencia en la provincia de Buenos Aires, donde históricamente había tenido tres bases –ubicadas en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca–. A esas tres delegaciones, les sumó otras seis que funcionaron entre 2016 y 2017 en Ezeiza, San Martín, Haedo-Morón, Pilar, La Matanza y Quilmes.

El juez Alejo Ramos Padilla detectó la existencia del Proyecto AMBA mientras investigaba a D’Alessio, que solía frecuentar la base Ezeiza. En septiembre de 2020, dispuso formar un nuevo sumario para investigar a las máximas autoridades de la AFI porque entendía que estaba ante un caso de espionaje con fines políticos. De hecho, reunió documentación que daba cuenta de vigilancia sobre sindicatos, comedores populares, actividades por Santiago Maldonado o actos de campaña de CFK. Ramos Padilla incluso halló los documentos que presentó un espía ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) tras haberse caído del techo mientras colocaba cámaras y micrófonos para grabar la reunión de un movimiento social.

En este caso, la Cámara Federal porteña puso en duda el origen de la documentación y dictó faltas de mérito para Gustavo Arribas –extitular de la AFI– y otros 27 imputados.

Ercolini, tras un pedido de la fiscala Alejandra Mángano, dictó los sobreseimientos. El argumento central fue que la suerte de la causa del Proyecto AMBA había quedado atada a la del ARA San Juan y allí la Casación había dicho que no había delito. En la resolución, se usa un eufemismo más elegante: “irrelevancia jurídico penal para las conductas bajo investigación”.

Las causas por espionaje estuvieron activas mientras tramitaron en jurisdicciones ajenas a Comodoro Py: Dolores, Lomas de Zamora o La Plata. Tan pronto como llegaron a los tribunales de Retiro, los expedientes se fueron cerrando o dejaron de tener avances.