El caso del policía Ángel Luis Hernández, condenado por el homicidio de Brian Gómez, tuvo una nueva audiencia de revisión este miércoles, en la que la fiscalía y la querella pidieron que se le dicte la prisión preventiva efectiva, al considerar que existe peligro de fuga, y tras la confirmación de la sentencia por parte del Superior Tribunal de Justicia.

Sin embargo el defensor de Hernández, el abogado Guillermo Iglesias, se opuso al pedido y argumentó que la sentencia aún no está firme y que su defendido ha cumplido con todas las reglas sustitutivas que se le impusieron. El juez penal, Jorge Odorisio, resolvió mantener la libertad de Hernández, pero le ordenó el uso de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Valoró que se hubiera presentado, pese a que existía la posibilidad de que quedara detenido.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2018, cuando Hernández y otro policía estaban haciendo adicionales en la puerta del local comercial Draw, ubicado en la calle San Martín 373 de esta ciudad. Allí se produjo una discusión entre Brian Gómez y otro joven, quienes fueron expulsados del lugar. Una vez afuera, Gómez y sus acompañantes se dirigieron por la calle San Martín hasta la esquina con 9 de Julio, donde se encontraron con un grupo de personas que venían en sentido contrario. Hubo otro enfrentamiento e intervino Hernández, junto a su compañero de armas. El policía le habría aplicado una patada en la cabeza a Gómez, quien falleció ocho días después, mientras permanecía en terapia intensiva en el Hospital Regional.

El policía fue juzgado y condenado en primera instancia por “homicidio simple con dolo eventual”, con una pena de 15 años de prisión. La defensa apeló la sentencia y la Cámara en lo Penal confirmó parcialmente el fallo, manteniendo la calificación del delito pero reduciendo la pena a 8 años de prisión. La defensa volvió a recurrir y el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó el recurso extraordinario y ratificó la sentencia de la Cámara. Ahora, la defensa tiene la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia. De allí que el juez Odorisio considere que aún es prematuro dictarle la prisión efectiva.

En este contexto, la fiscal Cecilia Codina solicitó que se revoque la libertad sustitutiva de Hernández y se ordene su prisión preventiva, al sostener que tres tribunales confirmaron su autoría en el hecho y que con una pena de 8 años de prisión se incrementa el riesgo de que intente fugarse.

La querella adhirió al pedido y señaló que los jueces del STJ confirmaron que no había arbitrariedad en la sentencia. Por su parte, el defensor de Hernández pidió que se mantenga su libertad hasta que la sentencia quede firme y afirmó que hay contradicciones en el pedido de detención y que existen medios recursivos abiertos.

El juez penal consideró que no había cambiado sustancialmente la situación procesal de Hernández y que no había elementos para presumir que fuera a evadirse. Asimismo, destacó que Hernández había respetado todas las normas sustitutivas que se le habían impuesto y que persistía el estado de inocencia hasta tanto la sentencia no esté firme. Por lo tanto, resolvió mantener su libertad con sustitutivas y le agregó el uso obligatorio de una tobillera electrónica para controlar sus desplazamientos.