El tribunal que condenó por femicidio a Héctor Gallardo también declaró la inconstitucionalidad de la Ley Blumberg

Tal como lo anunció El Patagónico, se llevó a cabo ayer el juicio de cesura contra Héctor Rubén Gallardo, quien por unanimidad fue condenado por el femicidio de Valeria Vivar, ocurrido el 24 de enero de 2016. A pedido de la Fiscalía los jueces le impusieron la prisión perpetua, aunque se hizo lugar al pedido de la Defensa Pública respecto de la inconstitucionalidad de la Ley 25.892, la cual fue promulgada en mayo de 2004 y se conoció como la "Ley Blumberg".

En el marco del juicio de cesura al que fue sometido ayer Héctor Rubén Gallardo, quien el martes pasado fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por ser cometido contra alguien con quien se mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), se discutió el monto de la pena que deberá cumplir.

En primer término la fiscal general, Cecilia Codina, se dirigió al tribunal que presidió el juez Mariano Nicosia y se completó con Miguel Ángel Caviglia y Jorge Odorisio, ante quienes consideró que la prisión perpetua es constitucional y sostuvo que en respuesta a la magnitud del reproche, es la pena máxima para estos casos, por lo cual solicitó su aplicación y el mantenimiento de la prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La acusadora agregó que la pena obedece a las propias circunstancias del caso y no abarca toda la vida porque “tendrá salidas transitorias, libertad condicional y un horizonte de internación”, agregando que “no es una pena inhumana, ni degradante, porque la prisión perpetua no es absoluta, ni vitalicia”.

En otro orden de cosas la fiscal citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut sobre confirmaciones de este tipo de penas y uno de ellos fue el caso de Pablo Olmos, quien recibió la máxima pena por el homicidio del empleado bancario Sebastián Fernández. El otro caso local fue el de Javier Lezcano, condenado por el homicidio del estudiante Alejandro Balle en Km 5.

INCONSTITUCIONALIDAD

DE LA LEY BLUMBERG

A su turno la defensora pública, Viviana Barillari, le hizo saber a las partes que recurrirá el fallo hasta agotar todas las instancias del caso y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.892, conocida como la Ley Blumberg.

Se trata de la modificación que se introdujo en el Código Penal con el propósito de endurecer las penas, la cual fue promulgada el 24 de mayo de 2004 tras las presiones que ejerció el empresario Juan Carlos Blumberg, luego de que su hizo Axel fuera asesinado tras un secuestro extorsivo.

La defensora además cuestionó el agravante de la violencia de género y dijo que se debe realizar una interpretación uniforme del derecho y la prisión perpetua no cumple con los fines resocializadores de la persona.

En su presentación, Barillari citó el Estatuto de Roma, el cual sanciona delitos graves y aberrantes como de lesa humanidad, genocidio y participación en plan sistemático de extermino y refirió que la regla es que la pena que se aplique sea de 30 años de prisión, revisada excepcionalmente a los 25 años. En cambio con la reforma del Código Penal la revisión recién se habilita a los 35 años.

Tras escuchar a las partes, los jueces pasaron a deliberar y luego dieron a conocer el veredicto al que se arribó por unanimidad. De esa manera Gallardo recibió la máxima pena por haber sido declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, aunque no tendrá que esperar a que se cumplan 35 años de condena para que un tribunal revise la posibilidad de acceder a la libertad condicional porque se declaró inconstitucional la Ley Blumberg.

De todas maneras, los jueces confirmaron el manteniendo de la prisión preventiva hasta tanto la sentencia pase en calidad de cosa juzgada.

Por otro lado, y a la luz del estado procesal en que transita la causa, indicaron que no corresponde el cuestionamiento de la defensa a la calificación jurídica del caso.

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