El vicepresidente de Ecuador se niega a renunciar tras ser detenido por corrupción

El presidente Lenín Moreno sostuvo que pidió a los abogados del Poder Ejecutivo que estudien mecanismos para suplir a su segundo hombre del gobierno, ahora en prisión preventiva. "Una persona que está encarcelada no puede cumplir la función de vicepresidente", consideró.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió ayer a asesores estudiar mecanismos para reemplazar a su vice, Jorge Glas, detenido y acusado de corrupción, y calificó de “sombrío” y “oscuro” el último gobierno de su predecesor, Rafael Correa, al que acusó de endeudar excesivamente al país.Moreno, en diálogo con periodistas en el Palacio Carandolet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, dijo que pidió a los abogados de la Presidencia que estudien mecanismos para suplir a su segundo hombre del gobierno, ahora en prisión preventiva, pero que se niega a renunciar, debido a que consideró que “una persona que está encarcelada no puede cumplir la función de vicepresidente”.El mandatario anunció también que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el próximo mes el país, que atraviesa una difícil situación económica, según señaló.“El Fondo Monetario viene el próximo mes ya. Por supuesto no está por allí la solución de todo el problema, es un amplio espectro, es un abanico de decisiones que hay que tomar”, dijo.“El presidente anterior se endeudó excesivamente en el último momento para dejar una obra monumental, pero estoy pensando que me lo dejó para que yo fracase”, agregó Moreno. De este modo volvió a criticar a Correa, quien había dicho que le dejaba “la mesa servida”, en alusión a que no habría problemas económicos, profundizando así la crisis de la llamada “Revolución Ciudadana” y el oficialismo.El mandatario dijo también que una consulta popular sobre varios temas, entre ellos la eliminación de la reelección indefinida de los cargos electivos, se celebrará probablemente en enero o febrero de 2018.“En el mejor de los casos será en enero o febrero”, respondió al ser consultado sobre la fecha de esa consulta y explicar que el proceso depende de la Corte Constitucional, a la que el Ejecutivo presentó esta semana el pliego de preguntas.Por otra parte, los miembros del bloque legislativo del oficialista partido Alianza País (AP) señalaron en un comunicado que se mantienen firmes en que es la administración de justicia la encargada de establecer la verdad en el caso del vicepresidente, procesado por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.“Solo mediante un proceso jurídico limpio, probo y transparente se puede establecer la culpabilidad o mantener la condición de inocencia” del vicepresidente, dijeron en la nota, reproducida por el diario local El Telégrafo.“Nuestro deber como legisladores es velar por el respeto a la ley y por la existencia de una justicia independiente y libre de presiones”, subrayaron. Añadieron que “sucumbir a presiones políticas o a un estado de opinión, significaría una clara violación de los derechos individuales garantizados en nuestra Constitución”.Fuerzas opositoras, en tanto, encabezadas por el banquero y ex candidato presidencial Guillemo Lasso, del partido CREO, acompañado por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) y el Bloque de Integración Nacional (BIN) impulsan en la Asamblea Nacional un juicio político al vicepresidente Glas.Marcelo Simbaña, de CREO, explicó ayer, a horas de la detención de Glas, que el juicio político es un “clamor ciudadano. Hay un vicepresidente sin funciones y detenido por corrupción”. Pero llevar al banquillo de los acusados y destituirlo se necesitan de 91 legisladores, pero para presentar la solicitud de enjuiciamiento se requieren 46 firmas y la oposición tiene 63 asambleístas con lo que supera ese tope.Pero su mayor dificultad está en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), conformado por siete miembros que deben habilitar el tratamiento del juicio político, cinco de los cuales son oficialistas y cuatro cercanos al correismo y a Glas, por lo que los tres restantes no son suficientes.De todos modos, suponiendo que se supere ese gran obstáculo más difícil será la destitución con los 91 asambleístas necesarios.El bloque de AP tiene 74 legisladores, de ellos sólo 20 están junto al presidente Moreno, y eventualmente respaldarían el juicio político.Hay 18 que están calificados como “indefinidos”, según El Telégrafo, porque no se han pronunciado ni a favor del presidente ni del vice; otros 35, la mayoría del bloque, son correístas y apoyan al vicepresidente.

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