En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló durante la última semana una audiencia preliminar a juicio por un incidente que se produjo el 1 de abril del año pasado y que tiene como imputados a los efectivos policiales Guillermo Díaz y Cristian Arroyo.

La audiencia fue presidida por el juez Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario Facundo Oribones. Mientras, la defensa de Díaz fue ejercida por la abogada particular Fiorella Picón y la de Arroyo la ejerció el defensor público Ivo Di Taranto.

Según informa el área de prensa del Ministerio Público, el funcionario de fiscalía se refirió al caso incluido en la acusación. Señaló que el 1 de abril de 2018, alrededor de las 5:30, dos personas se encontraban a bordo de un Renault 9 de color gris, en inmediaciones a la plazoleta Petroleros, en las calles Candelaria y Alas Argentinas, del barrio Próspero Palazzo.

En ese momento, según el relato del acusador público, aparecieron a bordo de un patrullero el sargento primero Cristian Aurelio Arroyo y el cabo primero Francisco Guillermo Díaz, quienes prestaban servicios en la Comisaría Mosconi.

Los policías les exigieron a los sospechosos que descendieran del automóvil, registraron el mismo sin orden judicial ni motivo habilitante y de acuerdo con el relato de Oribones, sustrajeron de su interior dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas. Luego se encontró en el interior del móvil policial uno de los teléfonos celulares. Estaba oculto debajo de la alfombra detrás del asiento del conductor.

El caso fue calificado jurídicamente como “hurto agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas de policía, en concurso real con abuso de autoridad” en calidad de coautores para Arroyo y Díaz.

Asimismo el funcionario de fiscalía ofreció prueba documental y testimonial para deponer en el debate. También ofreció prueba la defensa de Díaz.

Finalmente el juez penal resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes y elevó la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal, ya que la expectativa de pena para ambos imputados es de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la función pública por dos años.