La primera audiencia preliminar será a las 8 y estará presidida por la juez penal, Daniela Arcuri. En este caso será para determinar la elevación a juicio oral y público de la causa que investigó la fiscal general, Camila Banfi, y que tiene como acusados al excomisario Antonio Zúñiga, quien oficiaba de funcionario de la Secretaría de Seguridad municipal. Junto a él también fueron investigados y figuran en la causa como acusados Andrés “Maga” Velázquez y Víctor Barrientos.

Los delitos por los cuales fueron acusados son los de exacciones ilegales en la modalidad de concusión en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, en calidad de coautores para Antonio Primitivo Zúñiga y Andrés Juvenal “Maga” Velázquez, y en calidad de partícipe secundario para Víctor Emilio Barrientos, quien se encargaba de trasladarlos a los distintos lugares donde se movilizaban y además tenía la custodia de la llave del depósito donde se repartían los objetos que se secuestraban en los procedimientos, según destacó la fiscal durante su presentación.

Al respecto, se supo que la pretensión punitiva para Zúñiga y Velázquez es de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En este tipo de audiencias, como se sabe, se ofrece la prueba documental y testimonial que se ventilará en el juicio y parte de ese material probatorio surge del legajo 93.312, el cual se abrió a partir de la denuncia que presentó un grupo de trabajadores que hace casi dos años fue separado de la Secretaría de Seguridad producto de la interna que surgió en esa cartera entre quienes le respondía lealtad a Zúñiga y los que intentaban que la Secretaría cumpliera con la misión por la cual fue creada y que tenía que ver con la erradicación de lugares donde se ejercía la prostitución y se vendía alcohol de manera clandestina.

En una caja, los empleados guardaron documentación que no era tramitada como se debía en la Secretaría y que provenía de denuncias realizadas, muchas de ellas a través del 0800 de la Municipalidad y que daba cuenta de lugares donde se ejercía la prostitución o se vendía alcohol, las cuales quedaban archivadas por orden de Zúñiga.

PLATA DE LA NOCHE

De ese grupo de testigos también surge la fecha y hora en la que se presentaron dos mujeres que por entonces eran dueñas de un boliche identificado como “El Duque”, las cuales se acercaron a buscar a Zúñiga y Velázquez para entregar una bolsa con 15.000 pesos aduciendo que los citados no habían pasado esa semana a buscar la plata por el local.

En el cúmulo de documentación, la fiscal señaló que existe prueba sobre los actos administrativos que se realizaban para facilitar el ejercicio de la prostitución y se habilitaba mujeres para trabajar sin la debida libreta sanitaria, entre otras cosas.

El otro legajo que se incorporó a la investigación es el 71.392, el cual proviene de la Justicia federal a partir de la declaración de incompetencia de ese fuero, en relación a la investigación que se desarrolló por trata de personas, aunque resultó encuadrar en la figura de facilitación y explotación de la prostitución.

A las 10:30 del lunes, en tanto, está previsto dar inicio a la audiencia preliminar que tiene como acusado al excomisario Alejandro Pulley, también investigado por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público y en la cual tiene como consorte al colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa, investigado por facilitación y explotación económica de la prostitución.

El escándalo con Pulley estalló el 4 de julio de 2016, cuando se desbarató la organización delictiva que operaba desde un departamento VIP ubicado en la calle Francia, el cual era regenteado por la ciudadana paraguaya Guillermina Almada. Allí también aparecen involucrados otros personajes como el oficial Pedro Lázaro Benítez (quien ya fue condenado en juicio abreviado) y el tristemente célebre César Alejandro “Chatrán” Hernández.