A tres meses del escándalo que puso al descubierto la presunta adulteración de actas de exámenes que beneficiaban a un estudiante de abogacía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y que podría ser solo la punta de un iceberg, se inició la auditoría interna en la Facultad de Ciencias Jurídicas, sede Trelew, ciudad donde ocurrió el hecho que tuvo como secuela la expulsión de quien era hasta entonces el presidente del Colegio de Abogados, Oscar Romero.

El trabajo es encabezado por el auditor interno de la UNPSJB, el contador Carlos Padín, quien ayer en declaraciones a Radio del Mar fue categórico sobre la actual situación administrativa en que se encuentra la institución.

“Hay como un ambiente de malas prácticas administrativas en la forma en que se han guardado las actas y que se tienen”, consideró, para agregar más adelante que "yo tengo que resaltar que hay defectos que la universidad arrastra, formas de trabajar tradicionales, en confianza, quizás de una universidad que antes era chica y ya no lo es tanto”, considerando que serán el sumario administrativo y la causa que investiga la Justicia Federal de Rawson las que indicarán si hubo adulteración de actas y fraude.

UN ESCANDALO NACIONAL

Cabe recordar que el escándalo en Ciencias Jurídicas trascendió en mayo cuando personal administrativo, respaldado por el cuerpo directivo de la Universidad, denunció la presunta adulteración de actas de examen que beneficiaban a un estudiante de Derecho llamado Facundo Marco Vega, militante de la agrupación política Azul al Centro, a cargo del centro de estudiantes, quien habría aprobado siete exámenes que no habría rendido.

El estudiante habría sido avalado con la firma del entonces secretario de Extensión y Posgrado, Pablo Pugh, quien luego de trascender el caso renunció a su cargo, y mediante un escribano público señaló que el libro de actas no contenía irregularidades cuando él lo firmó.

El caso es investigado por el Juzgado Federal de Rawson tras una denuncia realizada por un grupo de profesores de esa facultad. Pero también por la Universidad que ordenó un sumario y una auditoría externa.

La misma fue pedida por el Consejo Superior, que días después de hacerse público el escándalo evaluó los pasos a seguir, rechazando el pedido de intervención de esa facultad impulsado por sus profesores, y ordenando el estudio.

El trabajo es supervisado por la Sindicatura General de la Nación, que ya realizó una primera visita a las sedes Trelew y Madryn, aunque cabe aclarar que sólo la ciudad donde ocurrió el hecho y el decanato de Comodoro Rivadavia están incluidos dentro del proceso administrativo.

Según explicó Padín, "la idea es revisar los procedimientos en la facultad de Ciencias Jurídicas, procurando señalar aquellas cosas que deban mejorarse para evitar problemas como los que hubieron. O sea, brindar seguridad en todo lo que hace al proceso de la toma de exámenes, el archivo de las actas, la forma de guardas los libros y lo demás".

De esta forma, una vez que se identifiquen las debilidades, se tratará de darle solución y utilizar esa base para fortalecer los circuitos administrativos de todas las facultades.