Empleadas del Ministerio irán a juicio por falso testimonio 

Dos mujeres fueron imputadas por el delito de "falso testimonio" por el contenido de sus dichos en una denuncia de recusación contra los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams. Se trata de Cynthia Evans y Luciana Di Rico.

Dos empleadas del Ministerio de Educación irán a juicio oral por falso testimonio. Así lo decidió en una resolución el juez de garantías, Gustavo Castro, como corolario de una audiencia preliminar al juicio oral.

El caso se produce en la causa de las polémicas contrataciones para obras en escuelas cuando la ministra era Graciela Cigudosa, en 2019. Entonces la funcionaria fue denunciada, renunció y rápidamente adquirió fueros al ser electa diputada provincial en la lista que encabezaron Mariano Arcioni y Ricardo Sastre.

Tres años después, dos imputados fueron sobreseídos, pero tres se sometieron a la probation y reconocieron los hechos. Falta aún el juicio oral y público para otros imputados, entre ellos la propia Cigudosa y Raúl Care, ex mano derecha de la hoy diputada.

La denuncia por falso testimonio contra Cynthia Evans y Luciana Di Rico fue realizada por el fiscal general Omar Rodríguez, que tiene a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

Según publica este martes El Chubut, en la audiencia de recusación de ambos fiscales con el fin de apartarlos de la investigación, ambas mujeres declararon bajo juramento de decir la verdad. Ahora serán sometidas a juicio oral y público por haber cometido presuntamente el delito de falso testimonio.

Con las pruebas de los dichos que harán los testigos y las documentales que aportarán los fiscales, por un lado, y la defensa de ambas por el otro, se determinará en esta instancia final de debate en juicio, si cometieron o no ese delito.

Mientras por la acusación a cargo del fiscal general Fernando Rivarola depondrán doce testigos, por parte de la defensa serán cinco, entre ellos algunos periodistas.

LA BASE DE LA RECUSACION

Los abogados defensores de los imputados en la causa del Ministerio de Educación habían recusado al fiscal general Rodríguez por su presencia presuntamente irregular al momento de allanarse oficinas del Ministerio de Educación. Para fundamentar esa recusación con intenciones de apartar a Rodríguez del caso, se contó con los testimonios de las dos mujeres. Ambas aseguraron que vieron a Rodríguez y al fiscal general Alex Williams conversando con uno de los imputados durante el allanamiento policial que tenía como objetivo el secuestro de celulares y documentación.

“Ambos fiscales le preguntaban a Care sobre las contrataciones que investigaban sin que haya ningún defensor presente”, dijeron ambas mujeres en la denuncia de recusación contra los fiscales. De esta manera señalaron la presunta ilegalidad de esa conversación por no contar Care con asesoramiento legal en la circunstancia denunciada.

Agregaron que también ingresaron a la oficina de Care y continuaron con las preguntas, aunque nunca escucharon las respuestas.

Ambos fiscales argumentaron que nunca estuvieron en contacto con Care y que siguieron el allanamiento a la distancia, sin ningún tipo de contacto personal con el imputado, sin ingresar a las oficinas.

“La falsedad está guiada por la intención de (Evans) de favorecer la situación procesal de Graciela Palmira Cigudosa, con quien tiene relación de amistad y de dependencia por anteriores y actual relación laboral, y vinculación de pareja con la hija de la nombrada”, indicó Rodríguez en su denuncia.

Los fiscales también destacaron el interés de ambas testigos de favorecer la situación de Care, toda vez que Di Rico es una empleada a su cargo en el Ministerio de Educación y que además es amiga de la esposa del imputado.

Por su parte, el abogado defensor de ambas, Omar López, pidió el sobreseimiento para Evans y Di Rico. Argumentó que la acusación se centró más en las relaciones entre las imputadas y los funcionarios del Ministerio de Educación, que en la realidad objetiva de lo ocurrido durante el allanamiento a la oficina de Care.

El juez de garantías, Gustavo Castro, desestimó esta línea argumental, rechazó el pedido de sobreseimiento para ambas y elevó la causa a juicio oral y público por el delito de falso testimonio que compromete a Evans y Di Rico, comunicó el Ministerio Público Fiscal.

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