En búsqueda del reaseguro de los 180 días de clase

Los diputados provinciales del Frente para la Victoria, José Grazzini y Gabriela Dufour, y de Cambiemos, Eduardo Conde, presentaron el martes dos iniciativas con las que entienden asegurarían el dictado de 180 días de clase en la provincia de Chubut, que hoy están en peligro por la continuidad del conflicto docente.

Las propuestas son diametralmente opuestas, ya que mientras la de los legisladores justicialistas busca el financiamiento de Nación, la elaborada en la Alianza Cambiemos impulsa declarar a la Educación como servicio esencial, y ya mereció el rechazo de la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut (ATECh).

En la sesión del martes, los diputados Gabriela Dufour y José Grazzini, del PJ Frente para la Victoria presentaron un proyecto de declaración por el que se pide, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a los legisladores nacionales por Chubut, que inicien las gestiones para accionar los mecanismos previstos en la Ley 25.864 que garanticen el cumplimiento de los 180 días de clases que debe alcanzar el calendario escolar 2018.

En diálogo con El Patagónico, Grazzini recordó que en 2003 el gobierno provincial firmó un compromiso de garantizar un calendario escolar de 180 días de clases como mínimo, “convenio que luego fue ratificado por el Congreso de la Nación a través de una Ley”.

El legislador indicó que a través de la declaración lo que se busca es que cumpla el límite de días para poder alcanzar los 180 días de clases. “Hoy estamos ante un potencial incumplimiento del ciclo lectivo, por lo que se deben diagramar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos, hasta completar el mínimo establecido, tal como lo fija el Artículo 2° de la Ley Nacional N° 25.864, pero respetando las garantías laborales que detalla también esa misma norma”, añadió.

Ante la consulta Grazzini indicó que la ley nacional, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, permite a las provincias que no puedan saldar en tiempo y forma las deudas salariales con el personal del sistema educativo, pedir esos recursos al Ejecutivo nacional que “debe disponerlos, a modo de asistencia financiera”.

SERVICIO ESENCIAL

Tal vez persiguiendo el mismo objetivo, pero desde otra perspectiva, el diputado provincial de Cambiemos, Eduardo Conde, presentó otra iniciativa con la que, entiende, se aseguran los 180 días de clase.

La propuesta del presidente de la bancada que en esta provincia representa las políticas de Mauricio Macri no es otra que declarar a la educación como servicio esencial, distinción con la que se limitarían al máximo los derechos de huelga y reclamo de los trabajadores del sector, tal como ayer se cuestionó desde ATECh.

Conde aseguró que su propuesta “respeta el derecho a huelga, pero en los días de paro las escuelas deberán permanecer abiertas con guardias mínimas y se tendrá que alcanzar los procesos de enseñanza previstos para el ciclo”.

En el texto, empero, se advierte que “ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la efectiva prestación de los servicios públicos mínimos esenciales, bajo pena de su declaración de ilegalidad”.

El abogado –nacido en Córdoba y radicado en Comodoro- explicó que se procura acordar entre las partes, a través de la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Trabajo de la provincia, “el procedimiento bajo el cual se lleva a cabo la medida de fuerza y cuáles son las prestaciones mínimas que deben cumplirse para cada uno de los prestadores que acudan al derecho de huelga”. De no haber acuerdo, la Secretaría de Trabajo establecerá las pautas para que se cumpla con las prestaciones mínimas.

Conde señaló que es el Ministerio de Educación el que debe arbitrar los medios para recuperar los días de clase perdidos por medidas de fuerza y también asegurar que “la apertura de los establecimientos educativos deban permanecer abiertos para que los chicos puedan concurrir a la escuela. Las guardias mínimas deberán resguardar su presencia en los establecimientos”.

Si se aprueba la iniciativa de Conde, la Educación sería declarada como servicio público esencial, lo mismo que la salud, la justicia, seguridad, transporte, energía eléctrica, agua potable, gas y combustible.

Lo que se busca es “garantizarle a la ciudadanía la prestación mínima de los servicios en caso de conflictos laborales, bajo apercibimiento de declarar ilegal cualquier medida de fuerza adoptada en contravención a la presente norma, y por parte de la Autoridad de Aplicación, generando sanciones pecuniarias y funcionales a sus responsables, conforme la reglamentación ejecutiva”.

“La falta de cumplimiento del deber de trabajar por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada falta grave y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resulten aplicables. Igual medida alcanzará al dirigente sindical que no ajuste su cometido a las imposiciones emergentes de la presente ley”, marca el artículo 10 del proyecto presentado por la Alianza Cambiemos.

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