Encarcelado en Alemania, Puigdemont afronta su eventual traslado a España

La policía caminera de Schleswig-Holstein, en el norte alemán, detuvo ayer al expresidente catalán después de que cruzara en coche la frontera germano-danesa. Se dirigía desde Finlandia, donde el viernes había brindado una conferencia, hacia Bruselas, donde residió tras su salida de España.

Tras ser arrestado y encarcelado ayer en Alemania, el prófugo expresidente catalán Carles Puigdemont afronta la posibilidad de ser trasladado a España para responder a cargos de rebelión agravada y analiza presentar un pedido de asilo con pocas probabilidades de prosperar.

La policía caminera del Land (estado federado) de Schleswig-Holstein detuvo a Puigdemont a las 11.19 (6.19 hora argentina), después de que cruzara en coche la frontera germano-danesa en camino desde Finlandia a Bruselas, donde reside, informó un portavoz de la policía estadual en Kiel.

El político catalán quedó detenido unas horas en la comisaría de la localidad alemana de Jagel, de donde luego fue trasladado a la cárcel del estado de Schleswig-Holstein en Neumünster, al sur de la capital estadual, el puerto báltico de Kiel.

Al mismo tiempo, un vocero del Ministerio de Justicia alemán informó que el fiscal general de Schleswig-Holstein estudiará la orden de arresto pedida el viernes por el jueza Llarena, que también toca a otros doce dirigentes, seis fuera de España.

Entre los requeridos por cargos de rebelión y malversación en relación con el proceso de secesión se encuentra la exministra de educación catalana, Clara Ponsatí, residente en Escocia, a cuyo abogado la policía escocesa ya entregó una orden de entregarse.

El procedimiento de análisis y eventual ejecución de la orden de arresto europea a Puigdemont quedó a cargo de la Fiscalía local y la decisión definitiva puede demorarse entre quince y hasta 45 días.

Puigdemont está analizando la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en ese país, informó el diario germano Kiel Nachrichten, basado en fuentes judiciales cercanas y la solicitud deberá ser analizada por la Oficina Federal de Migración (BAMF).

Sin embargo, las posibilidades de que sea aprobada son escasas, indicó a ese diario un vocero del Ministerio de Interior regional de Schleswig-Holstein.

El Código Penal alemán no tiene tipificado el cargo de rebelión como tal, pero el de alta traición, en el artículo 81, es similar y prevé penas de cárcel “de no menos de diez años” o “hasta cadena perpetua”.

Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, señaló que el político “se dirigía a Bélgica para ponerse como siempre a disposición de la Justicia”, indicaron las agencias de noticias EFE y DPA.

Después de la reactivación de la orden de arresto, las autoridades españolas comenzaron a trabajar con la Fiscalía alemana y con Eurojust, órgano de la Unión Europea (UE) responsable de la cooperación judicial entre los países miembros, para ofrecer la documentación necesaria para hacer efectiva la orden europea de captura.

Aunque sus servicios de inteligencia supieron en todo momento la localización de Puigdemont, España prefirió pedir el arresto en Alemania porque en ese país plantea al exmandatario un problema mayor que si hubiese ocurrido en Bélgica.

En lo referido a la orden de arresto a Ponsatí, la ministra escocesa, Nicola Sturgeon, expresó su oposición a la decisión judicial española, pero aclaró que no puede hacer nada desde su cargo y solicitó por Twitter a sus seguidores que “se entienda la importancia de proteger el proceso y la independencia de nuestro sistema legal”.

Tras conocerse la detención de Puigdemont en Alemania, las fuerzas políticas españolas Partido Popular (centroderecha), PSOE (socialistas) y Ciudadanos (liberales) valoraron la actuación de la Justicia.

Extremó el planteo Albert Rivera, líder del partido antiindependentista Ciudadanos, quien celebró el fin de “la huida del golpista”.

“Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad”, proclamó.

Desde Buenos Aires, ciudad a la que arribó para participar del repudio a un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la crisis catalana “no se solucionará con detenciones, cárceles y judicializando la política”.

Los independentistas, por su parte, repudiaron la acción judicial, con miles de personas en las calles de Barcelona y el resto de Cataluña.

El Partido Demócrata Europeo Catalán -el Pdecat, de Puigdemont- pidió a las filas soberanistas “mantener la calma y la confianza”, en un momento en el que este partido estará “siempre al lado” de Puigdemont.

“Una de las lecciones del presidente Puigdemont ha sido siempre la serenidad con que ha asumido los momentos graves que le ha tocado liderar. Firmes, mantengamos la calma y la confianza. Como siempre, estaremos a su lado”, dijo la coordinadora general de Pdecat, Marta Pascal, vía Twitter.

“España no garantiza un juicio justo, solo venganza y represión”, escribió en Twitter Elsa Artadi, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont.

Mireia Boya, exdiputada del partido soberanista y antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), planteó en la misma red social: “Ahora se verá si la Unión Europea avala la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español”.

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pidió “construir un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas”.

Puigdemont vive en Bruselas desde hace casi cinco meses.

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