Escándalo por espionaje político en el Partido Popular español

Madrid (Télam)
El escándalo de espionaje político atribuido al gobierno de la presidenta regional de Madrid, Esperanza Aguirre, sumó ayer un nuevo caso que refuerza la hipótesis de que los seguimientos están relacionados con la batalla de la dirigente madrileña por desbancar a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular (PP).
La última víctima de presuntos seguimientos “parapoliciales” es Alfredo Prada, ex consejero de Justicia y único miembro del gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Rajoy en los meses previos al congreso nacional del PP celebrado en junio de 2008, informó ayer el diario El País.
“En un estado democrático debe caer el peso de la ley frente a los autores y responsables de este tipo de actuaciones ilícitas. Evidentemente voy a presentar una denuncia o poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía”, afirmó ayer Prada, en declaraciones radiales.
Prada ocupa actualmente el cargo de responsable de exteriores en la dirección nacional del PP, al lado Rajoy, una decisión que le costó su cargo en Madrid, ya que Aguirre lo destituyó.
Los seguimientos a Prada coinciden también con los realizados en abril a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz Gallardón, que mantenía posiciones muy críticas con Aguirre por la lucha que estaba dando con la intención de apartar a Rajoy de la dirección del PP, reveló el diario madrileño.
Cobo también dijo que denunciará el espionaje del que fue víctima ante la justicia, mientras Gallardón expresó su indignación y pidió una investigación para “depurar responsabilidades”.
El escándalo del espionaje salió a la luz el lunes cuando el diario El País reveló que el Consejero de Interior madrileño y secretario del PP regional, Francisco Granados, posee un servicio de inteligencia formado por ex policías y guardias civiles que hacen labores de espionaje contra políticos que no son afines a Aguirre.
Al día siguiente, se puso nombre y apellido a la primera víctima, el vicepresidente regional, Ignacio González, quien había sido objeto de distintos seguimientos en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero.
Tras conocer la noticia, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que denunciaría estos hechos “delictivos” para que se esclarezcan “cuanto antes”.

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