“Escrachan” a los imputados de asesinar al empleado bancario

Ricardo Olmos de 19 años, Oscar Rojas de 18 y el menor de edad J.E.A., están imputados por el homicidio de Sebastián Fernández, ocurrido el 3 de agosto de 2010. Ninguno de los tres permanece detenido en dependencias policiales, ya que los mayores de edad cumplen prisión domiciliaria y el adolecente solo tiene prohibición de acercamiento a allegados de la víctima. El descontento por las medidas judiciales motivó a amigos de la víctima a realizar un escrache público con carteles que bajo el título “Estos son los tres asesinos de Sebastián Fernández” muestra fotos y datos personales de los sospechosos.

El juicio oral por el homicidio de Sebastián Fernández todavía no tiene fecha de realización. Sin embargo, después que un tribunal colegiado beneficiara con la prisión domiciliaria al único de los tres imputados en la causa que mantenía prisión preventiva, comenzó a llevarse a cabo un escrache público de los sospechosos.
La condena social tiene forma de afiches que en los últimos días empezaron a aparecer pegados en paredes y postes de las calles de Comodoro Rivadavia. Esos afiches contienen fotos, datos personales e incluso la dirección donde vive cada uno de los imputados.
Ricardo Olmos era el único de los tres que continuaba detenido desde agosto del año pasado, pero resultó beneficiado hace un mes con el arresto domiciliario durante la revisión de la medida de coerción solicitada por su defensa.
Oscar Rojas, el otro imputado mayor de edad, fue acusado con la misma calificación de criminis causae que Olmos y que el adolescente J.E.A.
Al principio de la investigación, Rojas estaba imputado por encubrimiento y a pesar de que la calificación de criminis causae que se le imputó luego –y que incluso prevé penas de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable-, se mantuvo para él la prisión domiciliaria como medida de coerción.
Así, el principio de igualdad fue lo que planteó la defensa de Olmos para solicitar su prisión domiciliaria, a partir del argumento de que, si Rojas con la misma calificación gozaba del arresto domiciliario, entonces para su representado debía regir idéntico beneficio.
De ese modo, el tribunal integrado por los jueces Guillermo Müller y Margarita Pfister hizo lugar al planteo de la defensa y morigeró la prisión preventiva que venía cumpliendo el imputado. Olmos regresó a su casa y allí esperará la realización del juicio oral.
En tanto que el menor J.E.A. sólo tiene prohibición de acercamiento a los familiares y testigos de la víctima.

SIN FECHA
El juicio por ese homicidio del que se cumplirá un año el miércoles, todavía no tiene fecha de realización. Allí desfilarán cincuenta testigos, además habrá treinta pruebas documentales, entre las pericias policiales y médicas.
El delito que intentará probar la fiscalía será el de “homicidio criminis causae”, es decir cometido “para preparar, consumar u ocultar otro delito o asegurar sus resultados o procurar la impunidad”, según indica el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal.

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