Evo Morales consideró que hablan de fraude los que se sienten derrotados

Unos 3,8 millones de bolivianos concurrieron ayer a las urnas para decidir si avalan que se reemplace la Carta Magna vigente desde 1967. Uno de los puntos que establece la Constitución propuesta es limitar la superficie máxima permitida de propiedad privada.

La Paz (Télam)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que hablarán de fraude aquellas personas o grupos que se sientan derrotados en el referendo que ayer votaron los bolivianos para aprobar o rechazar una nueva Constitución para su país.
“Seguramente los que se sientan derrotados dirán que hubo fraude. Respetamos su posición, pero felizmente hay observadores internacionales”, declaró el mandatario, citado por el diario digital Erbol.
Desde la semana pasada, tanto analistas, políticos, como dirigentes cívicos de la oposición señalaron una serie de supuestas irregularidades, desde la calidad de la tinta indeleble, pasando por carnés (de identidad) duplicados hasta presiones sindicales para obligar a los campesinos a votar en favor del sí.
El vicepresidente Alvaro García Linera respaldó las declaraciones del primer mandatario y señaló que los grupos que hablan de fraude “son aquellos que temen ser derrotados por la voluntad del pueblo”.
Morales también dijo que su “gobierno respetará los resultados del referendo, así sea el Sí o el No (a la nueva Constitución), y pidió a la oposición asumir la misma conducta.
“Soy respetuoso de lo que decida el pueblo, la campaña terminó el jueves, todos somos optimistas y esperamos los resultados esta noche”, subrayó Morales al tiempo de felicitar a la oposición por haber decidido ir a votar y dejar de lado la violencia que asoló a Bolivia entre agosto y setiembre del año pasado.

UNA CONSTITUCION  DE CORTE SOCIALISTA
El pueblo boliviano decidía ayer si acepta la nueva Constitución, de corte socialista, propuesta por el presidente Evo Morales. A través del referéndum constitucional, el mandatario busca “refundar” al país, luego de un traumático proceso de tres años en los que el país estuvo al borde de una guerra civil por la oposición de cinco regiones rebeldes.
La consulta, a la que están convocados 3,8 millones de bolivianos y que convocó a 3000 observadores internacionales de 11 países, también dirimirá si la superficie máxima permitida de la propiedad privada de la tierra es de 10.000 o de 5000 hectáreas.
El proyecto de Carta Magna, que de ser aprobado sustituirá a otro vigente desde 1967, propone un Estado “plurinacional comunitario, intercultural, descentralizado y con autonomías” con un fuerte sesgo estatista e indigenista, que los analistas consideran a la medida del presidente Morales.
El proyecto constitucional es resistido por líderes políticos y regionales de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando y su aprobación podría avivar las discrepancias que dividen a los bolivianos, según observadores locales.
De hecho las cinco regiones rebeldes, lideradas por Santa Cruz, pugnan por un modelo autonomista muy distinto al que está consignado en la Constitución que se votaba ayer.
“Va a haber un rechazo, soy optimista, vamos a tener nuevos días, un tiempo propicio y futuro mejor”, dijo por la mañana el prefecto del poderoso departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado como el más caracterizado opositor de Morales.
El referéndum constituyente fue convocado tras un consenso alcanzado en octubre pasado en el Congreso bicameral entre el oficialismo y la oposición, para contener una escalada de violencia que estalló en Santa Cruz y en Pando, con un saldo de por lo menos una docena de campesinos muertos leales a Morales.
En esa ocasión, se manifestaron las enormes diferencias entre un gobierno central empeñado en sacar adelante su Constitución y cinco departamentos (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando), que exigen que se respetaran sus anhelos autonómicos.
Los prefectos rebeldes de esas cinco regiones rechazan la reforma constitucional por entender que no refleja fielmente la autonomía departamental. De hecho, exceptuando al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández -que está preso bajo sospecha de haber ordenado la masacre de campesinos en su región en setiembre- , los gobernantes sostienen que la nueva Constitución no debe entrar en vigor en las regiones donde triunfe el no.

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