Ex funcionarios declaran por la causa de los 10 millones

Ana Amato, ex presidente de Corfo, declaró en la Fiscalía Pública de Puerto Madryn  por la causa de los 10 millones de pesos otorgados por el Gobierno provincial a la empresa pesquera Alpesca.
Amato  fue convocada a declarar como testigo ante el fiscal Daniel Báez, en la causa que investiga una presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública” en el otorgamiento de 10 millones de pesos a la pesquera Alpesca.
Amato declaró el jueves durante más de una hora ante el jefe de los fiscales. Según se informó desde la Fiscalía, su declaración estuvo vinculada a que ocupaba el cargo de titular de la Corporación de Fomento de Chubut al momento de otorgar el crédito a la pesquera, si bien durante ese periodo se encontraba con licencia médica.
Hay que recordar que la Fiscalía investiga la denuncia relacionada al préstamo de 10 millones de pesos a la pesquera Alpesca porque la asistencia crediticia “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de la Corporación, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Cabe recordar que el 10 de diciembre también declaró el ex ministro nacional Norberto Yauhar en calidad de testigo.
En el expediente judicial figuran además el gobernador de Chubut, Martín Buzzi; el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche; el ex ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca, Pedro Zudaire; la ex ministro de Economía, Gabriela Dufour; la ingeniera Claudia Mundet, gerente general de CORFO, y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Belastin.
Este proceso deberá determinar si la asistencia crediticia otorgada a la empresa pesquera “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de la Corporación –CORFO-, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario”, indica la solicitud de apertura de investigación efectuada por el Ministerio Público.
Los fiscales plantean que se contravinieron “las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
La audiencia formal de “apertura de investigación” se realizará el lunes 24 de febrero, a las 9, en la sala de audiencias de los Tribunales de Rawson, ante el juez penal Fabio Monti.