Excarcelan a Cirigliano y al presidente de TBA en la causa por el accidente del tren en Once
A cuatro meses de la tragedia, la Sala 2 de la Cámara Federal porteña excarceló ayer a la mañana al titular de Cometrans, Claudio Cirigliano, y al presidente de TBA, Carlo Ferrari, en la causa del accidente del tren de Once.
La Cámara Federal porteña excarceló al titular de Cometrans, Claudio Cirigliano y al presidente de Trenes de Buenos Aires, Carlo Michele Ferrari, en la causa que investiga el accidente del tren de la ex concesionaria TBA en la estación Once.
De esta manera revocó las detenciones dispuestas por el juez Claudio Bonadío por supuesta “obstrucción de la investigación”, por el traslado de libros contables sin autorización, tras el quite de la concesión.
La decisión fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones, que entendió que Bonadío usó argumentos inexactos “e insuficientes” para mantener detenidos a Cirigliano y Ferrari, tras apresarlos el 4 de junio pasado, según las resoluciones.
Además, los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun entendieron que “no concurren ni han sido suficientemente expuestas las circunstancias que permiten presumir que habrá de intentar profugarse o entorpecer el regular curso de la instrucción”, en alusión tanto a Cirigliano como a Ferrari.
Las excarcelaciones se dictaron bajo caución personal y poco después Bonadío fijó un monto de cinco millones de pesos para cada imputado, una suma que Cirigliano aportará en pesos o mediante un fiador personal que tenga ese valor en bienes, anticipó su abogado Juan José Sforza.
El titular de Cometrans está alojado en el hospital de la cárcel de Ezeiza por complicaciones de salud y será trasladado a los tribunales federales de Retiro para concretar su liberación una vez que se concrete el depósito del dinero o la presentación del fiador.
Los camaristas advirtieron que “sin desconocer la gravedad de los sucesos acaecidos el 22 de febrero”, en relación al choque del tren que causó 51 muertos, “el estudio de la causa demuestra la inexactitud de la afirmación”.
Para el tribunal de apelaciones no hubo intención de obstruir la investigación en la mudanza de libros contables de una sede que dejó de ser de Trenes de Buenos Aires con el quite de la concesión del servicio a otra de su empresa controlante, Cometrans.
El 24 de mayo pasado, por decreto 793, el Gobierno nacional rescindió el contrato de concesión y ese mismo día “los responsables de TBA dispusieron el traslado de la documentación”, una parte a General Savio 2.750 del partido de San Martín, un predio de Cometrans.
Los camaristas concluyeron que lo ocurrido desde el dictado del decreto respondió a “desinteligencias generadas al implementarse la toma de posesión por parte del nuevo grupo designado para garantizar la continuidad del servicio” ya que “hasta dicho momento TBA venía cumpliendo sin dilaciones los requerimientos”.
La decisión fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones, que entendió que Bonadío usó argumentos inexactos “e insuficientes” para mantener detenidos a Cirigliano y Ferrari, tras apresarlos el 4 de junio pasado, según las resoluciones.
Además, los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun entendieron que “no concurren ni han sido suficientemente expuestas las circunstancias que permiten presumir que habrá de intentar profugarse o entorpecer el regular curso de la instrucción”, en alusión tanto a Cirigliano como a Ferrari.
Las excarcelaciones se dictaron bajo caución personal y poco después Bonadío fijó un monto de cinco millones de pesos para cada imputado, una suma que Cirigliano aportará en pesos o mediante un fiador personal que tenga ese valor en bienes, anticipó su abogado Juan José Sforza.
El titular de Cometrans está alojado en el hospital de la cárcel de Ezeiza por complicaciones de salud y será trasladado a los tribunales federales de Retiro para concretar su liberación una vez que se concrete el depósito del dinero o la presentación del fiador.
Los camaristas advirtieron que “sin desconocer la gravedad de los sucesos acaecidos el 22 de febrero”, en relación al choque del tren que causó 51 muertos, “el estudio de la causa demuestra la inexactitud de la afirmación”.
Para el tribunal de apelaciones no hubo intención de obstruir la investigación en la mudanza de libros contables de una sede que dejó de ser de Trenes de Buenos Aires con el quite de la concesión del servicio a otra de su empresa controlante, Cometrans.
El 24 de mayo pasado, por decreto 793, el Gobierno nacional rescindió el contrato de concesión y ese mismo día “los responsables de TBA dispusieron el traslado de la documentación”, una parte a General Savio 2.750 del partido de San Martín, un predio de Cometrans.
Los camaristas concluyeron que lo ocurrido desde el dictado del decreto respondió a “desinteligencias generadas al implementarse la toma de posesión por parte del nuevo grupo designado para garantizar la continuidad del servicio” ya que “hasta dicho momento TBA venía cumpliendo sin dilaciones los requerimientos”.