Exigen que se investigue a Bullrich por "represión planificada" contra mapuches

La presidenta de la APDH indicó que se presentaron como querella "para controlar y fortalecer" la causa que se inició contra la ministra de Seguridad y sus funcionarios, donde se los acusa de "utilizar sus funciones para desarrollar un plan fuera del marco legal" contra las comunidades mapuches. "La jueza Capuchetti está demorando demasiado su decisión» de iniciar la investigación, aseguró Norma Ríos.

Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), confirmó que la organización se constituyó en querella «para controlar y fortalecer» el desarrollo de una causa penal que iniciaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los principales funcionarios de la cartera, por ser «por ser autores de una represión planificada» contra el pueblo mapuche.

«El 12 de junio de 2019 habíamos hecho como APDH una denuncia sobre todo lo que nosotros consideramos que fue pasando en los años de Macri en el sur con respecto al pueblo mapuche y la represión sufrida por ellos, a lo que se agregó la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel», explicó Ríos a Va Con Firma y remarcó que «Bullrich venía siendo un personaje nefasto desde hacía mucho tiempo, con su política represiva en las golpizas y muertes y encarcelamientos en la ciudad de Buenos Aires».

Según publica el portal de noticias y análisis El Extremo Sur, a partir de esta denuncia el Ministerio Público Fiscal consideró que era «pertinente iniciar una investigación penal» para determinar si es cierto que el ministerio de Seguridad se «ha valido de sus funciones y atribuciones para desarrollar un plan fuera del marco legal» y si los funcionarios «han dado órdenes a las fuerzas de seguridad para coaccionar y administrar el conflicto existente entre los mapuches y los propietarios formales de las tierras, en beneficio de estos últimos; para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro».

“RACISTA Y

PERSECUTORIA”

Ríos calificó como «actitud racista y persecutoria» la del gobierno de Macri, «la ministra y sus cómplices», quienes actuaron «reprimiendo y mintiendo en función de sus intereses y de sus amigos, contra el pueblo mapuche» y aclaró que «el invento de causas, el invento del terrorismo RAM, la muerte de Santiago y el asesinato de Rafael, todo esto queda claro como parte del plan Cóndor II».

La denuncia también solicita que se investigue si esta «planificación» tenía «una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno».

Sobre este punto Ríos indicó que en esa frase «está implícita la muerte o presunto asesinato de Santiago Maldonado porque no era un miembro del pueblo mapuche sino que estaba solidarizándose con la lucha».

La presidenta de la APDH aseguró que el fiscal de la causa Franco Picardi, solicitó que se investigue «si se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal en coordinación con carabineros de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir la figura del RAM, una categoría de grupo terrorista inexistente o sobredimensionada con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas».

«Este plan de Macri que ejecutó Patricia Bullrich, que tampoco es de Macri sino del imperialismo, venía apuntando hacia eso», aunque remarcó que «la lucha de las organizaciones de derechos humanos y parte del pueblo argentino se enfrentaron e impidieron desarrollar esta teoría de la RAM, que además es ridícula, porque cualquier persona que haya visto en las condiciones en que vive el pueblo mapuche en el sur, no lo hubiera creído».

A pesar de que el 1 de noviembre en la APDH recibieron esta notificación del fiscal, para Ríos «la jueza Capuchetti esté demorando demasiado su decisión» y sostuvo a título personal que «estamos demasiado cerca de un cambio de signo político en el gobierno para que la jueza tome alguna medida ahora».

«Uno no sabe si va a haber justicia con lo que hizo Bullrich», remarcó Ríos y sostuvo que ahora «la ponen como presidenta del Pro para blindarla de alguna manera y que siga jodiendo en la Argentina».

“GOBIERNO CRIMINAL”

La APDH se presentó como querellante el mismo día que también lo hizo la representante mapuche Moira Millán, quien aseguró que «este gobierno es un gobierno criminal que merece no solamente dejar el poder sino también merece ser juzgado» y agregó que espera que «el próximo gobierno pueda tomar la agenda de los pueblos indígenas y que no vuelva a repetir estos terribles errores que han venido cometiendo todos los gobiernos desde la fundación del Estado argentino».

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que encabeza Millán había señalado que «en el informe presentado por Patricia Bullrich en diciembre de 2017, se difama a Moira Millán como vocera de la RAM, con la complicidad de los medios hegemónicos de desinformación como Clarín y TN» y aseguraron que «este plan sistematizado que es parte de las políticas genocidas que sostienen los Estados nación, no quedará impune».

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