La ciudadana paraguaya Guillermina Ferreira Almada, quien se la conoce como la regente del departamento Vip que funcionaba en Francia y Dorrego con la presunta protección del comisario, Alejandro Pulley, declaró ayer que nunca le pagó ningún tipo de coimas, ni le regaló arma alguna. Más tarde, la juez natural de la causa confirmó la prisión preventiva de los otros dos imputados en la causa compleja, Juan Carlos Cuellar Gamboa y César "Chatrán" Hernández.

De las cuatro audiencias programadas ayer en torno a la causa compleja que investiga a policías, estafadores y gente vinculada a la prostitución, a los que ahora se suman funcionarios municipales, se realizaron tres y quedó para el 20 de diciembre la revisión del comisario Alejandro Pulley.

La primera audiencia fue la que tuvo como protagonista a Guillermina Ferreira Almada, quien pidió declarar. Antes, su abogado Alejandro Fuentes –quien también asiste a Pulley—presentó un escrito con la declaración y el mismo debió ser ratificado ante la juez natural de la causa, Daniela Alejandra Arcuri y los fiscales, Camila Banfi y Martín Cárcamo.

La lectura la realizó la propia juez y luego fue Ferreira Almada quien confirmó el texto a través del cual se aseguró que nunca pagó, ni efectuó regalos al comisario Pulley a cabo de protección.

SIGUEN PRESOS

Al cabo de esa audiencia se realizó la revisión de la prisión preventiva de Juan Carlos Cuellar Gamboa y César Alejandro "Chatrán" Hernández. El primero fue asistido por la defensora pública, Viviana Barillari y el restante, por el defensor público Esteban Mantecón.

En ambos casos los defensores solicitaron la morigeración de la prisión preventiva. Para Cuellar Gamboa se propusieron presentaciones diarias en un órgano de control y se justificó el pedido de libertad en lugar de prisión domiciliaria, porque el imputado necesita trabajar para mantener a su familia compuesta por Ferreira Almada y la criatura que nació hace pocos meses.

La defensa de "Chatrán" Hernández, en tanto, solicitó el arresto domiciliario en la casa de su madre y destacó que este se presentó cada vez que fue convocado en los otros procesos que tuvo.

Al respecto la Fiscalía se opuso a todos los planteos y exigió que se mantenga la prisión preventiva de los dos imputados en virtud de los peligros procesales que existen.

Tras escuchar a las partes la juez rechazó las morigeraciones solicitadas por los defensores y confirmó el mantenimiento de las medidas de coerción que vienen cumpliendo.

A todo esto, la Fiscalía pidió separar las causas que investigan los delitos de facilitación y explotación económica de la prostitución, con las de estafa, algo a lo cual hizo lugar la magistrado.

La restante audiencia celebrada sobre la misma causa fue el control de detención y apertura de investigación contra los miembros de la Secretaría de Seguridad.