Los defensores Andrés Meiszner (Graciela Cigudosa y Raúl Care) y Miguel Moyano (Ariel Hueichan) aseguraron que las obras en las escuelas fueron finalizadas y pidieron el sobreseimiento de sus asistidos, mientras la UFE, representada por su titular Omar Rodríguez, acusó a los tres imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública.
A Cigudosa se le atribuyen 22 hechos y dos tentados; a Care 22 hechos y Ariel Hueichan otros 22. Asimismo, adelantó la pena que pedirá en el juicio: 3 años y medio para Cigudosa y Care; y 2 años para Hueichan.
Seguidamente, Rodríguez defendió su investigación y refirió que “en los delitos de corrupción se debe correr el velo para ver la maniobra ilegal y conocer todo el accionar ilícito. La actuación de los imputados ha sido dolosa. Un grupo armó un concurso aparente con un solo interés”, considerando que esta acción forma parte del nudo del ilícito.
Para el fiscal Rodríguez, “lo grave es que se utilizó la ley para bajar fondos por partidas escolares. Esta maniobra se hace para no ser detectados; estas contrataciones directas se ejecutan desde el interior del Ministerio de Educación. Es difícil no entrar en un terreno de valoración, pero no es el momento adecuado”.
Los ilícitos que se investigaron son por sobreprecios y direccionamiento de contratos por la refacción de 24 escuelas y el perjuicio producido al Estado provincial fue estimado en un millón y medio de pesos.
Los investigadores sostienen que “toda la maniobra estaba pergeñada para lograr un beneficio; un lucro indebido en cabeza de un grupo”, y para ello hubo “un plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control”, así como que “los instrumentos administrativos firmados por la exministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”. La partida presupuestaria para la refacción de estas escuelas era superior a los tres millones de pesos.
Fuente: Procuración General Rawson