Finalmente, se abrió la causa por la trágica explosión en Tecpetrol

La Fiscalía de Comodoro Rivadavia formalizó la apertura de investigación por la trágica explosión ocurrida el 27 de agosto del año pasado en el yacimiento El Tordillo, donde opera Tecpetrol. Allí murió un trabajador y otros tres resultaron con graves heridas. La imputación fue para cuatro personas y una quinta en los próximos días. El caso fue calificado como homicidio culposo y lesiones graves culposas.
La audiencia fue presidida por la juez penal Raquel Tassello y en representación del Ministerio Público Fiscal actuó la fiscal general, Cecilia Codina, mientras que como querellantes actuaron Alejandro Fuentes y Verónica Palacios, en representación de la viuda de Cristian Gutiérrez y de las víctimas José Guinao y Roberto Villarroel.
Los imputados, en tanto, fueron identificados como Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno, mientras que la defensa estuvo ejercida por Norma Leiva, Guillermo Iglesias y Horacio Conte Grand.
En primer lugar, la fiscal se refirió al hecho ocurrido el 27 de agosto de 2015 a las 9.30 en el yacimiento "El Tordillo", más específicamente en la planta "La Petisa", de la operadora Tecpetrol. Allí se inició una maniobra para reemplazar caños con línea de talud con signos de corrosión por pérdidas. En dicha tarea trabajaban empleados de la empresa Justo Otero e Hijos con un equipo de soldadores y una cuadrilla de enrosque, entre los cuales se encontraban Gutiérrez, Guinao y Villarroel.
Según la acusación, los imputados omitieron observar los deberes a su cargo ya que por un desperfecto la válvula exclusa no estaba cerrada e ingresó petróleo hidratado mientras se desarrollaba la soldadura, produciéndose una deflagración como consecuencia de dicha negligencia y la muerte de Gutiérrez, además de lesiones graves para Guinao y Villarroel, que pusieron en riesgo su vida.

HOMICIDIO CULPOSO
El hecho fue calificado jurídicamente como “homicidio culposo y lesiones graves culposas, tres hechos en concurso real, en calidad de coautores” para Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno. En tanto, sobre el plazo de investigación la fiscal requirió el máximo de 6 meses.
Por su parte uno de los imputados, Pérez, ejerció su derecho a declarar recordando que la tarea de reemplazo de la cañería estaba consensuada con su jefe y también aprobada por las áreas de obras y producción de Tecpetrol, que decidieron detener parte del bombeo, y no todo.
"El trabajo implicaba el parado de la planta y no lo quisieron hacer, sino que disminuyeron el caudal del petróleo circulante", sostuvo el declarante y recordó que en la orden de trabajo se indicaba no colocar placas de cegado.
"Si la válvula hubiese funcionado en forma correcta, no hubiese sucedido el accidente. Antes de empezar a soldar se hicieron todas las mediciones y daban negativo. Es decir no había un ambiente explosivo y todos los tanques estaban por debajo del nivel de rebalse. El operador de planta estaba en tema sobre que los tanques no debían rebalsar y que se iba a trabajar sobre la cañería de tanques de rebalse. La válvula abierta no debió haber estado así, como también todas las baterías estuvieron funcionando normalmente; es decir no bajaron su nivel al mínimo, como debían hacerlo por la maniobra en curso".
A su entender, "el accidente se produjo porque el resto de los sectores no hizo el trabajo que debía realizar".
Por su parte, Iglesias sostuvo que en el relato del hecho existe una “confusión entre la causalidad y la autoría; como también que hay que revisar los grados de responsabilidad en el hecho como los gerentes u otros estamentos de decisión”.
"El resultado fue producto de un hecho fortuito que no fue posible controlar por sus defendidos", aseguró el defensor, mientras que el abogado de Paredes dijo que “no eran decisiones exclusivas de él, sino que había intereses superiores para no parar la planta”.

LA QUERELLA
En otro orden, se dio tratamiento a la constitución de querellante presentándose un poder general y no especial como el requerido. La defensa se opuso ya que no presentan poder especial.
Por último, la jueza penal resolvió declarar abierta la investigación fiscal del caso, dando por informados a los cuatro imputados, Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno, por el hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica, estableciendo el plazo de seis meses de investigación.
Respecto de que los pretendidos querellantes no cumplirían con los requisitos ya que el poder emplea una terminología confusa y no cumple con la formalidad que exige la ley, por ahora Guinao y Villarroel –que estuvieron presentes en la sala- podrán actuar con el patrocinio letrado de Palacios y Fuentes, al menos hasta que se reformule el poder ante un escribano.

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