El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá una nueva instancia judicial el viernes 21 de agosto. Ese día representantes del Gobierno nacional y del sistema universitario participaran de una audiencia de conciliación convocada por la Justicia. La citación fue emitida por el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que es el que hizo lugar a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La reunión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme, en junio, esa medida que obliga al Estado nacional a aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La convocatoria del juez busca abrir una instancia de diálogo entre las partes, aunque el CIN ya definió la posición que llevará a la audiencia: reclamar que se cumpla la cautelar vigente.

La decisión del máximo tribunal, adoptada el 25 de junio, rechazó el planteo del Poder Ejecutivo y dejó vigente la medida cautelar dictada en el marco de la demanda iniciada por el CIN. La resolución mantiene la obligación de aplicar los artículos de la Ley 27.795 alcanzados por la cautelar.

Mientras continúa la disputa judicial, las universidades recibieron parte de los recursos acordados con el Gobierno el 10 de junio, antes del cierre del primer semestre.

Esa acta paritaria fue suscripta por la mayoría de los gremios docentes y no docentes universitarios (a excepción de Conadu Histórica) y establecía un incremento salarial acumulado del 24,33%, pagadero en dos tramos (21,33% en junio y 3% en octubre), además de actualizaciones presupuestarias y fondos para hospitales universitarios.

El eje de la discusión está puesto ahora en qué parte de los compromisos de financiamiento ya fue efectivamente transferida y qué componentes permanecen pendientes.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Tras el rechazo del veto legislativo, el Gobierno dispuso mediante el Decreto 759/25 la suspensión de su ejecución, lo que derivó en el planteo judicial del CIN. La Justicia concedió una cautelar y, luego de distintas instancias de apelación, la Corte Suprema dejó firme esa decisión.

La audiencia de conciliación del próximo viernes se realizará en medio de paros docentes, uno de los cuales ya se realizó el último miércoles y que tuvo como protagonistas tanto a no docentes como docentes. En tanto, CONADU Histórica -junto a ADU, su gremio de base en la UNPSJB- ya anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto”.