Fiscal de Salta pidió la detención de una médica por hacer una ILE

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir salió a repudiar la judicialización que entienden como una persecución a la única profesional no objetora de conciencia del Hospital de Tartagal.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad. La profesional, que sería la única de ese Hospital que no es objetora de conciencia, intervino en la interrupción legal del embarazo de 22 semanas y dos días realizado a una joven de 21 años.

Según denunciaron sus familiares, antes del procedimiento la joven habría manifestado que se había arrepentido de haber solicitado esta medida.

El abogado de la médica, Cristian Villagrán, que ayer tomó la representación legal, afirmó que su clienta nunca fue notificada de ningún tipo de trámite que se sigue en la causa, y sobre el pedido de detención solo pudo conocer a través de los medios de difusión, tras la publicación del comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

El fiscal empezó a actuar tras la denuncia que realizó una tía de la joven gestante. La información oficial del MPF indica que “según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió el pasado 24 de agosto, cerca de las 15”.

La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.

Fuera de ese plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. "A prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos”, afirmó la comunicación del MPF.

Para fundamentar el pedido de detención, el fiscal Vega “consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación”, informó el MPF.

Persecución

La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudió la persecución a la médica por garantizar la ILE. “La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”, indica el comunicado.

También repudió los “agravios vertidos hacia nuestra compañera por la concejala de Salvador Mazza (municipio del departamento San Martín, del que es cabecera Tartagal), Claudia Subelza”. En el comunicado la Red agregó que esta edila actúa en la actualidad como empleada de la Secretaría de Niñez y Familia de Tartagal (aunque se presenta como directora del organismo en Salvador Mazza), y, de paso, recordó que Subelza se anotó en su momento "para ser beneficiaria del IFE previsto para quienes menos tienen”.

Asimismo, la Red señaló que la comunicación de Subelza con la prensa está llena de falacias con el único objeto de “amedrentar” a quienes desde la Salud garantizan derechos sexuales y reproductivos y, también para “tergiversar el acceso a la información veraz y oportuna de la población en general para lo cual no se ha privado de exponer los datos personales de la joven que solicitó el acceso a una ILE”. Este último fue otro de los actos que repudió por la exposición mediática de la intimidad de la joven.

Justicia patriarcal

La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir rechazó también “la Justicia patriarcal encarnada por el fiscal Vega quien ha mostrado su parcialidad en un texto poco serio publicado en el Ministerio Público Fiscal”.

En este punto destacó que el funcionario judicial actuó por denuncias de familiares y no de la joven, mayor de edad, “quien es la única con potestad de denunciar el tipo de delito del que se habla”.

Entendió que “es desopilante que a su vez se solicite directamente la detención y no la investigación primero”. Afirmó que hasta ayer no había denuncia penal que haya tenido causa por lo cual no se puede explicar “tamaña torpeza y error jurídico”. La conclusión es que con esta causa existe “intencionalidad”, que proviene “no solamente de militantes antiderechos de siempre”.

La Red señaló que el abogado patrocinante de los denunciantes, Andrés Rambert Ríos, es el mismo que “defiende al médico Marcelo Cornejo”, que “se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio”.

Hasta ayer, como dice el comunicado de la Red, Cornejo continuaba trabajando en el Hospital a pesar de la imputación en esa causa y a pesar de que ese caso de abuso y otro más con el mismo modus operandi se expusieron en una carta administrativa a las autoridades correspondientes. En esa carta, cuatro profesionales del hospital, entre las que se encuentra la médica que ahora tiene pedido de detención, “dieron voz a las mujeres violentadas por el ginecólogo”. Este escrito indica que las mujeres habían sostenido que el médico les pedía dinero o sexo a cambio de realizar los abortos.

Rambert Ríos declaró públicamente que "para solicitar ILE se le debe pedir al juez de garantías autorización". La Red de Profesionales refutó la postura al sostener que con esto se desconoce las normas vigentes, la Ley 27610 y el fallo FAL, que precisamente señalan la necesidad de no judicializar estos procedimientos. La Red también recordó lo que fue público ayer: que fue el mismo abogado el que solicitó la detención de la profesional.

“Aclaramos, además, que ningún juez dio lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia. Por lo tanto, el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear a la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley”, sostuvieron las personas integrantes de la Red.

Se manifestaron también en contra de “la prensa amarillista que dio lugar a quienes intentan manipular la información con el solo objeto de dar protagonismo a grupos antiderechos y a tener más audiencia, cuando en el medio hay una paciente expuesta y una médica injustamente acusada”.

Al finalizar el comunicado lo hicieron indicando: “reconocemos y abrazamos a nuestra compañera que desde su lugar de médica y desde el compromiso diario hace de la salud pública un medio para achicar brechas e incluir a les excluídes, siempre desde el derecho y con los mejores estándares en la calidad de atención. Hoy desde la Red gritamos: SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODES!”.

Fuente: Página 12

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