Fuerte polémica por el aumento a las obras sociales sindicales

La decisión del Gobierno de otorgar más fondos a las obras sociales a través de un aumento de los aportes de los empleados con sueldos más altos generó la inmediata reacción de la oposición y la esperable defensa de la Casa Rosada. Además, el presunto acuerdo incluirá aumentos de las jubilaciones, las asignaciones familiares y el mínimo no imponible a partir del cual los asalariados pagan el impuesto a las ganancias, en términos y fechas que se decidirán durante los próximos dos meses, confirmó a este diario una fuente cercana a la jefatura de la CGT.

Dirigentes enfrentados con el Gobierno consultados dividen las aguas a la hora del análisis. Aseguran que el aumento es correcto, lógico y esperable en un contexto de inflación, pero también ubican la mirada sobre lo que consideran un riesgo: advierten que si el aumento no sirve para que mejoren los servicios y la cobertura de las obras sociales, y, en cambio, sólo termina engordando las arcas sindicales, reflejará una forma “peligrosa” del Gobierno de manejar la relación con los gremios.
Para Patricia Bullrich no hay dudas. “Hoy salió a la luz la agenda oculta que evidentemente tuvo la reunión con Cristina Kirchner. No era lógico que Moyano saliera de la Casa Rosada sin decir una palabra. La decisión del Gobierno no sólo implica una pérdida importante de poder adquisitivo para el trabajador. Es otra muestra de cómo negocia este gobierno en el Congreso, con los gobernadores y los intendentes. Hace concesiones políticas a cambio de lealtad”.
La diputada de la Coalición Cívica evaluó que la suba es una “demostración de continuidad” con el gobierno anterior. “Cristina es heredera del modelo de acumulación del poder y de gobernabilidad atada a este tipo de concesiones que ya usó Kirchner”, afirmó.
A partir de la nueva escala, que el Gobierno fijará por decreto en los próximos días, los gremios recibirán 300 millones de pesos más por año. La norma elevará el tope salarial para calcular el aporte personal obligatorio a la cobertura de salud: lo llevará de 4.800 a 6.750 pesos, y alcanzará a más de 350.000 trabajadores en relación de dependencia.  Para el jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, “el aumento en sí no tiene nada de malo”.
De todas maneras, el legislador mendocino advirtió: “Hay que ver si esto beneficia al servicio de salud o si va a ir a la caja de los sindicatos. Además del tema de la salud sindical, hace falta una revisión integral del sistema y eso parece imposible mientras la Superintendencia de Servicios de Salud esté en manos de un Gobierno que pacta con los gremios”.

PELIGRO
En el mismo sentido que Bullrich señaló que las subas se convierten en problema si “el aumento sólo satisface intereses económicos sindicales como parte de un acuerdo político para garantizar la paz social. Es una forma peligrosa de negociar porque sólo funciona cuando hay plata”.
El diputado de la CTA Claudio Lozano delineó un análisis similar. “Es razonable que el aporte [a las obras sociales] sea el mismo para los jubilados que para los trabajadores. El problema es que sólo resuelve uno de los problemas del sistema de salud, el del financiamiento”, comenzó.
Enseguida, destacó la necesidad de discutir una reforma más amplia que garantice la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud.
El legislador coincidió en cuestionar “el manejo” que, según él, se esconde detrás del aumento. “Todo indica que se mantiene una lógica de toma y daca. Que con la compensación de las obras sociales se busca limitar la capacidad de los sindicatos para hacer reclamos en las paritarias. Se usa la caja de los sindicatos para controlar el conflicto social”, consideró.
Alejandro Rodríguez, uno de los principales asesores de Roberto Lavagna, pidió cautela. “En la medida en que mejore la calidad de los servicios, es razonable y sigue la tendencia de las subas en las prepagas. Pero el financiamiento de la salud no debería mezclarse con temas políticos”, opinó.

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