Tal como publicó Diario Patagónico en su edición de ayer, Christian Sosa había emprendido un derrotero judicial que se extendió por cerca de dos años para lograr la cobertura del 100% de los tratamientos paliativos que su hijita de 6 años, requiere para retrasar y contrarrestar los efectos degenerativos de una enfermedad terminal denominada Lipofucsinosis.
Con un fallo de la Justicia Federal dando lugar a su acción de amparo, había transcurrido más de un mes desde la sentencia -recordada mediante carta documento a la prestadora- y la prepaga Galeno continuaba sin hacer lugar a la manda judicial, y abonando solo reintegros mínimos para los tratamientos de kinesiología y fonoaudiología, además de un psicopedagogo, una maestra integradora y una ocupacional.
Ayer por la mañana, con la situación instalada en los medios de comunicación y la cadena de repudio que el propio Christian había lanzado en las redes sociales, familiares de la nena y un grupo de compañeros de la empresa San Antonio, en la que trabaja Sosa, se apersonaron en las oficinas de la prepaga con la determinación de no moverse hasta que la familia saliera con la respuesta que por derecho, y ahora por obligación legal, les corresponde.
La primera hora y media de presencia transcurrió en las mismas condiciones de desgaste que Chirstian Sosa atravesó los últimos dos años: las mismas empleadas administrativas sin poder de dar respuesta o agilizar situaciones, le indicaban nuevamente que no estaba en sus manos solucionar, o mejor dicho acatar lo que a estas alturas era un fallo judicial.
No hubo en ese lapso responsable, gerente, directivo o auditor que se apersonara en el salón de atención al público, del que incluso quisieron desalojar a periodistas e impedir que realizaran su trabajo.
En tales condiciones, fue una voz anónima la que activó la orden, y Christian Sosa fue llamado a un escritorio donde vía telefónica se puso en comunicación con una abogada de la prepaga que desde Buenos Aires se comprometió a cumplir con sus obligaciones una vez presentadas las órdenes médicas que las determinan. Este fue el primer y único contacto en todo el proceso con alguien “responsable”.
Según relató Christian después, aparentemente nadie en Buenos Aires estaba al tanto de la sentencia, a pesar de que la causa tramitó durante ocho meses y el fallo fue notificado mediante cédula judicial a la delegación local de Galeno y acompañada luego de una carta documento, elevada también a la oficina central en Capital Federal, eso sin contar la interminable cantidad de tramitación previas que la familia había efectuado ante la prestadora.
- 26 junio 2014