González y su banda vendieron al menos 200 viviendas del IPV

El Ministerio Público Fiscal presentó formal acusación en la denominada causa IPV II donde se investiga una asociación ilícita a través de la cual influyentes del organismo comercializaban ilegalmente viviendas sociales.

Los imputados son Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen y hay 227 damnificados. La audiencia preliminar del caso fue fijada para el 9 y 10 de junio.

El hecho investigado acontece promediando el mes de julio de 2019 cuando un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) con sede en Comodoro Rivadavia, identificado como Maximiliano González, en complicidad con los arriba mencionados, deciden hacer “plata fácil” mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a construirse, por el IPV del que González era agente.

Entre los ilícitos ideados se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones; la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

TODO ILEGAL

Las carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000, se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.

Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción.

Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, éste se encargaba de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.

La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el 10 de septiembre de 2020, fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada.

Se pudo establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes se concretaron al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.

Respecto de la calificación legal existen dos hechos que concurren en forma material al principal (asociación ilícita) calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, en carácter de coautor y autor; y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico