Los exoperarios de Guilford siguen abandonados a su suerte luego de más de un año, desde que la textil –que sigue funcionando en otras zonas del país- dejó la planta de Comodoro Rivadavia, sin pagar las dos últimas quincenas ni las indemnizaciones del personal, la mayoría del mismo con más de 30 años de servicios.
Luego de conocerse el rechazo por parte del Ministerio de Trabajo de Nación de habilitar la jubilación anticipada por salubridad a los trabajadores con 50 años de edad o más, los textiles mantuvieron ayer una asamblea informativa en el Centro Cultural, donde el abogado Jorge Echelini resumió las últimas novedades, trazó un delicado diagnóstico a futuro.
“La Justicia se está demorando y la otra parte (la empresa) está aprovechando todos los vericuetos que tiene a disposición para frenar los procedimientos. Fue así que cambiaron de domicilio legal, y todo lo que vamos avanzando por un lado, se demora por el otro”, indicó Echelini.
Los exagentes realizaron sus consultas, la mayoría relativa a las indemnizaciones y jubilaciones. El abogado indicó que los juicios, unos 27, siguen en marcha “y nuestro objetivo es llegar a embargar los bienes de la empresa, entre ellos el fondo que dijo que iba a recibir de Nación, para que ustedes cobren lo que les corresponde”, resumió Echelini quien criticó a la Justicia “porque parece que elige siempre la mitad de la biblioteca que le corresponde a la empresa”.
CITADOS POR LA TOMA DE LA PLAYA
En la reunión, Cipriano Ojeda, secretario general de AOT a nivel local, comentó que volverá a plantear el tema de Guilford en el congreso sindical, que hoy se realizará en Buenos Aires. “También volveremos a hablar con los legisladores nacionales, entre ellos el senador Alfredo Luenzo, para pedirles su apoyo, ya que se nos terminan los subsidios y ya no nos queda nada”, indicó.
Otro tema negativo de la situación que se abordó ayer fue que tanto Ojeda como el secretario adjunto, Leonardo Moras, fueron citados por la Justicia Federal para que den explicaciones por la toma de la playa de combustibles de YPF, ocurrida entre el 3 y el 6 de noviembre de 2016.
“Es obvio que se está criminalizando la protesta social. Nosotros vamos a seguir luchando y reclamando lo que nos corresponde. La acción que hicimos fue en defensa de nuestras indemnizaciones y trabajo. Pasó un año y lo único que tenemos son imputaciones judiciales”, resumió Ojeda a El Patagónico.
Los textiles, además de compartir su malestar, acordaron volver a reunirse la semana próxima, oportunidad en la que en caso de no haber novedades podrían retomar un plan para visibilizar públicamente su situación, que es cada vez más angustiante.