Tras la delicada intervención quirúrgica a la que se sometió en diciembre último, el senador nacional Marcelo Guinle reasumió el martes la presidencia de la Comisión de Acuerdos, que es la que dictamina sobre los pliegos de funcionarios judiciales, embajadores, autoridades del Banco Central y ascensos militares.
Guinle, quien termina su tercer mandato en diciembre de este año, ingresó al Senado en diciembre de 2001. Fue reelecto en 2003, cuando obtuvo más del 47% de los votos y sacó una diferencia de más de 10 puntos a su inmediato seguidor.
Ese mismo año se transformó en el segundo hombre en la línea de sucesión del entonces presidente Néstor Kirchner, tras haber sido elegido por unanimidad por sus pares para ocupar la Presidencia Provisional del Senado, hasta febrero de 2006.
En 2009, fue reelecto nuevamente como senador. Obtuvo entonces más del 55 por ciento de los votos y una diferencia de 90 mil votos con los candidatos del radicalismo.
Es autor y ha impulsado la sanción de leyes fundamentales como la de los Derechos de los Pacientes (26.529), Fomento de las Energías Renovables (26.190), el Marco Regulatorio del GLP (26.020), Defensa del Consumidor (26.361), la Ley Celíaca (26.588), Ley de Autismo (27.043), los castigos a las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin permiso argentino y la modificación del Impuesto a las Ganancias en beneficio de los trabajadores patagónicos.
Fue uno de los firmes impulsores del trabajo de la COPLA (Comisión Nacional del. Límite Exterior de la Plataforma Continental), para ampliar la Plataforma Continental Argentina en más de un millón de kilómetros cuadrados. Gestionó el aumento de frecuencias de vuelos para la provincia y denunció los incumplimientos por parte del grupo empresario que comandaba Aerolíneas Argentinas, que determinaron la estatización de la empresa.
También impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria y el aumento en un 100 % en el adicional por zona que perciben los jubilados patagónicos.
Como presidente de la Comisión de Acuerdos (entre 2006 y 2014), participó del acuerdo de la Defensora General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, y de otros funcionarios y magistrados, garantizando la transparencia en el tratamiento y dando una amplia participación a la ciudadanía y a las organizaciones intermedias.