Gutiérrez Hauri: "la SCPL debe refacturar el aumento y no quede como pago a cuenta"
Frente al aumento tarifario de agua y cloacas que la Cooperativa aplicó a 30 mil usuarios, a pesar de que ese alza todavía no fue aprobado por el Concejo Deliberante, el abogado argumentó que no se puede imputar como una nota de crédito o pago a cuenta esos $2,5 millones extras porque significaría que la SCPL se estaría financiando a través de un mecanismo forzoso para los consumidores. Además, si finalmente se aprueba el incremento en la próxima sesión, "la norma que se sancione no puede tener efectos retroactivos. Los vecinos de la ciudad tienen un derecho adquirido a que se les cobre la tarifa que estaba vigente cuando hicieron uso del servicio" y por ende deberían refacturarse las boletas mal emitidas, consideró.
Como informó El Patagónico en su edición de ayer, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) facturó 2.5 millones de pesos de más al aplicar unilateralmente un aumento de agua y cloacas que no fue aprobado por el Concejo Deliberante. El cobro erróneo afecta a unos 30.000 usuarios para quienes la única respuesta oficial fue planteada por el Ente de Control de Servicios Públicos, que sugirió que paguen bajo protesto, para habilitar así que la prestadora devuelva luego "a cuenta" en futuras boletas los montos mal percibidos. Luis Ferrero, titular de ese ente, llegó incluso a deslizar ayer que el incremento puede aplicarse con retroactividad, algo que legalmente está vedado.
El abogado Juan Gutiérrez Hauri, vicepresidente del Comité Comodoro Rivadavia de la Unión Cívica Radical -quien además fue asesor letrado del municipio y vocal en el Tribunal de Cuentas- reclamó ayer que la aplicación de un aumento que no fue aprobado "es el mayor escándalo de la vida institucional comodorense de los últimos años. No hay forma de pretender que el vecino pague algo que no fue aprobado", sostuvo.
En diálogo con este diario, Gutiérrez Hauri expuso que de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal el Concejo Deliberante "fija las tarifas de los servicios públicos" y tal facultad resulta "exclusiva, excluyente e indelegable", de modo que no hay tarifa si no es objeto de sanción por el pleno del cuerpo con las mayorías correspondientes y luego tal ordenanza promulgada por el Poder Ejecutivo.
"El poder concedente es la Municipalidad, la SCPL simplemente es un concesionario que debe actuar con sujeción a las pautas y lineamientos que reglamentan la concesión. Una de las premisas esenciales que debe respetar es sujetarse a la tarifa que fije el concedente a través del Poder Legislativo", expuso para explicar que mientras se argumentó públicamente que la Comisión de Receso aprobó el aumento ad referéndum de la primera sesión ordinaria del año, esa comisión carece de facultades para validar la suba.
"El artículo 222 de la Ordenanza 6940 -Reglamento Interno del Concejo Deliberante-, establece que se formará una comisión de seis concejales durante el período de receso, cuyas funciones serán atender asuntos urgentes, nada más. Ninguna norma le confiere a esa comisión mayores facultades que las que la propia norma atribuye a las comisiones ordinarias, y según la cual emiten despachos que luego podrán ser o no aprobados por Ordenanza. Pero hasta tanto ello no sucede no conllevan ni producen ningún efecto. Es decir, lo actuado por una comisión no tiene efecto de ley", explicó Gutiérrez Hauri.
Así, el referente radical subrayó que no es legítimo aplicar el aumento sobre esa base y agregó: "la norma que se sancione no puede tener efectos retroactivos. Si bien es admitida la retroactividad de la ley, ello no es posible cuando se afecten derechos adquiridos, y los vecinos de la ciudad tienen un derecho adquirido a que se les cobre la tarifa que estaba vigente cuando hicieron uso del servicio".
Gutiérrez Hauri señaló que la cuestión es tan grave que resulta sumamente llamativo el silencio del intendente Carlos Linares y del Concejo Deliberante. "¿Yo pregunto: qué pasaría si Patagonia Argentina el lunes en forma unilateral arranca el día cobrando un valor de boleto del transporte público mayor al vigente? ¿Tampoco nada dirían?", contrastó.
Explicó que el caso es el mismo que el de la SCPL y subrayó que ni siquiera es válido el argumento de que se va a emitir una nota de crédito futura ya que significará que los vecinos le "harán un adelanto" o "préstamo" a la SCPL y que esta lo va a devolver a futuro acreditado en las facturas.
"Sin dudas la cuestión amerita que el Concejo Deliberante interpele al secretario del área (el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero) y en su caso formule las denuncias que correspondan en salvaguarda de los vecinos usuarios, cuyos intereses sin dudas, están por encima de los de la propia SCPL", manifestó.