Hace tres años que no ve a sus hijos y afirma que no estudian
Un padre de hijos adolescentes a los que no puede ver por una medida cautelar irresuelta hace más de tres años por decisión de la Justicia de Familia de Comodoro fue uno de los que asistió a la movilización del martes y dio su testimonio a El Patagónico. 

Su expareja lo denunció y poco después -por decisión de la justicia de familia- fue desalojado y quedó en situación de calle. Padece una discapacidad, según contó.

Las medidas cautelares perimetrales y órdenes de restricción de acercamiento se le sucedieron todos estos años. Y la restricción perimetral contra él sigue activa.

Este medio accedió a otro testimonio de un padre impedido de ver a sus dos hijos. La historia -repetida- apunta a la Oficina Judicial de Familia, a cargo de los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez.

Su nombre -como el de sus hijos- se mantiene en reserva por las delicadas problemáticas que se tratan. Además, como sucedió en varias situaciones (con abuelos, madres y padres), quienes contaron sus historias fueron intimidados por la Justicia de Familia.

El padre en cuestión describió que tiene dos hijos adolescentes a los que no puede ver por una medida cautelar irresuelta hace más de tres años por decisión de la Justicia de Familia.

“No tengo respuestas y eso está perjudicando a mi familia. Desde que me los sacaron a mis hijos ellos no están estudiando”, contó. “Casi cuatro años van a ser. A mí mandaron a vivir a la calle, en condiciones precarias; no logro tener un hogar”, describió.

Por su caso intervino un profesional designado por la Defensoría General ubicada en la calle Sarmiento al 400, que es un organismo público creado para brindar asesoramiento a quienes por motivos económicos no pueden costear un abogado particular para este tipo de situaciones.

UNA OFICINA QUE HACE MUY POCO

Pero desde esa oficina pública poco y nada se hace, como lo han dejado entrever varios protagonistas que hablaron e hicieron públicos sus casos en estos últimos años ante este medio.

“Ya no me reciben, o solo me recibe una secretaria por alguna inquietud que tengo, como que mis hijos no estudien”, expresó ante la labor de los profesionales de la Defensoría.

“No se resuelve, mis hijos siguen sin estudiar, que es un derecho que está siendo vulnerado para ellos”, resaltó.

El hombre optó por hacer pública la injusticia que siente, como ya lo han hecho otras personas que no obtienen respuestas de la Oficina Judicial de Familia. “Te apartan de un vínculo que tenés y es difícil de explicar cuando estás fuera del contacto y comunicación con tus hijos”, concluyó.