La pareja de la mujer asesinada el martes 19 de mayo publicó amenazas en redes sociales. La investigación mantiene como principal hipótesis un ajuste de cuentas.
A una semana del ataque armado en el barrio Máximo Abásolo que terminó con la muerte de Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años –madre de dos hija y embarazada de dos meses-, crece la preocupación por posibles nuevos episodios de violencia tras una serie de publicaciones realizadas por su pareja, Luis Miguel Uribe (30).
El hombre, que también resultó herido durante la balacera, difundió en redes sociales mensajes con amenazas dirigidas a quienes considera responsables del crimen. Entre las frases publicadas, aseguró que buscará vengarse y advirtió que no recurrirá a la Justicia para resolver la situación.
El hecho ocurrió el martes 19 de mayo, cerca de las 20, cuando la pareja se desplazaba en un Volkswagen Track gris. Según la investigación, fueron interceptados en el barrio Máximo Abásolo por una persona que abrió fuego contra el vehículo. Uno de los disparos impactó en la cabeza de Calfuquir y le provocó la muerte en el lugar, mientras que Uribe logró conducir herido hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional.
En un comienzo, Uribe sostuvo que realizaba viajes como Uber en la zona alta del barrio San Martín al momento del ataque. Sin embargo, con el avance de las actuaciones y ante inconsistencias detectadas en su relato, los investigadores orientaron la causa hacia un posible ajuste de cuentas.
De acuerdo con esa hipótesis, Uribe habría concurrido a la vivienda de uno de los hombres con los que presuntamente cometía delitos contra la propiedad para reclamar dinero relacionado con un botín. En ese contexto se habría producido el ataque armado.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron además que, tras el crimen, el hombre evitó aportar información sobre los autores de los disparos y manifestó que resolvería el conflicto “por su cuenta”.
Mientras continúa la investigación, la semana pasada se realizaron ocho allanamientos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Aunque no se hallaron armas de fuego, los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para avanzar en la identificación de los responsables.