Hidrovía en etapa decisiva: el Gobierno confirmó las dos empresas finalistas

El Gobierno nacional ratificó este lunes la precalificación técnica de los dos consorcios internacionales que competirán por el control operativo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la estratégica vía navegable por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.

La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que confirmó a las firmas belgas Jan de Nul —actual operadora de la Hidrovía— y DEME como las únicas habilitadas para avanzar a la instancia económica de la licitación.

La apertura de las ofertas económicas fue fijada para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del sistema oficial CONTRAT.AR, en lo que será una etapa clave para definir quién quedará a cargo de las tareas de dragado, señalización y control hidrológico del corredor fluvial más importante de Argentina.

La licitación contempla la concesión de obra pública por peaje sobre el tramo comprendido entre el Río Paraná y el Río de la Plata exterior, una vía estratégica para la salida de granos, aceites y productos industriales hacia mercados internacionales.

La resolución oficial también confirmó el rechazo a distintas observaciones e impugnaciones presentadas durante el proceso licitatorio por los propios oferentes.

Según explicó el organismo nacional, las objeciones fueron descartadas por no cumplir con los requisitos formales exigidos y por no aportar nuevos elementos técnicos que modificaran el análisis realizado por la comisión evaluadora.

En paralelo, la empresa brasileña DTA Engenharia quedó definitivamente fuera de competencia luego de haber sido declarada inadmisible en una instancia previa.

La nueva licitación se enmarca dentro de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional tras la disolución de la Administración General de Puertos y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el proceso contó con asesoramiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y señalaron que se habilitaron instancias de participación y consultas públicas para garantizar transparencia en una de las concesiones más sensibles para la economía argentina.