El máximo tribunal ratificó hoy en un fallo unánime la autorización de un aborto por parte del Supremo Tribunal de Chubut, sentando así jurisprudencia respecto a que no será necesaria la autorización judicial previa en los casos de violaciones.
Las mujeres que interrumpan el embarazo y los médicos que lo practiquen no deberían sufrir sanciones, de acuerdo al criterio del máximo tribunal.
Si bien se sienta un importantísimo antecedente, su aplicación dependerá de los tribunales inferiores hasta tanto el Congreso no sancione una ley que modifique el Código Penal. Los fallos de la Corte no son de aplicación obligatoria en la Argentina.
Algo similar es lo que sucede en la actualidad con la tenencia de marihuana para consumo personal, que fue declarada como no punible en un fallo de la Corte, pero aún no hubo avances legislativos.
UNA SENTENCIA HISTORICA
Se trata de un fallo histórico en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia respecto a que no será necesaria la autorización judicial previa en los casos contemplados como "no punibles" por el Código Penal.
El recurso extraordinario "F149-4605" interpuesto ante el máximo tribunal contó con el total respaldo de los jueces de la Corte. Apunta a establecer pautas que deberán adoptar tanto jueces como médicos, quienes deberán priorizar los derechos de la mujer.
La Corte Suprema ratificó una sentencia de la Justicia de Chubut por el caso de una joven que cuando tenía 15 años fue violada por su padrastro y debió practicársele un aborto.
El fallo contiene lineamientos que alejan los abortos legalmente autorizados del pensamiento de jueces y médicos que suelen actuar de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas.
A principios de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut avaló el pedido de una adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia, cuyo nombre no se reveló por cuestiones legales que la protegen, para interrumpir un embarazo producto de la violación perpetrada por su padrastro, según denunció en la Justicia.
El fallo revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había negado la autorización, a la vez que encuadró el caso como un aborto no punible contemplado en el inciso 2 del Código Penal.
De ese modo, confirmó que cualquier mujer, y no sólo aquellas con discapacidad mental, tienen el derecho a terminar con una gestación fruto de una violación.
El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario, y fue analizado por la recientemente creada Secretaría de Derechos Humanos del máximo tribunal, a cargo de Cristian Abritas.