La reforma laboral de Brasil, que quiebra el régimen vigente desde 1943, entrará en vigor hoy en medio de un desempleo que afecta a 13 millones de personas y una ola de protestas por parte de los sindicatos, que reclamaron en las calles la renuncia del presidente Michel Temer y la derogación de la nueva normativa.
Los cambios estructurales en la ley que hace siete décadas catapultó al entonces presidente Getulio Vargas como el “pai dos pobres” (padre de los pobres) y modificarán la relación entre patrones y empleados, fueron votados este año con la mayoría oficialista que respalda al gobierno de Temer, que, además, promete una reforma previsional antes de dejar el cargo el año que viene.
La oposición ha lanzado una campaña para revocar mediante un plebiscito -en caso de ganar el gobierno en octubre de 2018- la reforma laboral y otras que ha aprobado el gobierno de Temer, como fijar el techo del gasto público por 20 años.
Los tres precandidatos presidenciales para 2018 de la izquierda o centroizquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y Manuela Dávila (Partido Comunista del Brasil) dijeron que si llegan al poder derogarán la reforma.
Lula, un exsindicalista que gobernó el país entre 2003 y 2010 y que está condenado en primeras instancia en causas por corrupción, marcha primero en las encuestas, a 20 puntos del segundo, pero si su sentencia es confirmada no podrá acceder al escenario electoral.
CAMBIOS
Entre los principales cambios se encuentra el concepto de que lo acordado prevalece sobre lo legislado: el acuerdo entre empleador y empleado no pasará por los sindicatos y no podrá ser objetado en la justicia laboral.
Otra modificación es la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria (cumpliendo las 44 horas semanales) sin el pago de horas extras, la creación del trabajo intermitente, en el cual se le paga al empleado en blanco apenas por las horas trabajadas.
La tasa de desempleo del período julio a setiembre fue del 12,4%, un 11% más que en el mismo período del año anterior, cuando en diciembre de 2014 se había llegado al piso histórico 4,8%: ese fue el último número antes del inicio del tsunami político, judicial y económico que se devoró a una presidenta (Dilma Rousseff), sacó del poder al PT y asumió el vicepresidente Temer con la agenda de la antigua oposición.
Miles de personas se movilizaron ayer en una jornada de paralización convocada por ocho centrales sindicales, aunque el impacto de estas manifestaciones fue nítidamente menor que el paro nacional del 28 de abril, el más importante de la historia del país, pero que no torció voluntades ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
Temer expresó su optimismo sobre la creación de puestos de trabajo con la nueva legislación. “De aquí en adelante la economía va a seguir creciendo y vamos a recoger los frutos de la nueva ley laboral. La nueva ley no le va a quitar los derechos a nadie”, aseguró el presidente, durante una entrevista.
La reforma fue respaldada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y las patronales industriales, como la paulista FIesp y la Confederación Nacional de la Industria.
“Lo que genera empleo no es la flexibilización, es el crecimiento económico. Sin aumento de crédito, inversión en maquinaria, ciencia, tecnología y educación el país no volverá a crecer y mucho menos a generar empleo decente y renta”, dijo el presidente de la Central Unica de Trabajadores, Vagner Freitas, un aliado de Lula.
Otras centrales sindicales que habían apoyado a Temer, como Fuerza Sindical, ahora se pasaron a la oposición debido a que la reforma eliminó la contribución obligatoria al sindicato de los asalariados.
Según informó a Télam el especialista en derecho laboral Rogerio Pasqua, del estudio Pessoa: “En el caso del trabajo intermitente, este trabajador tendrá una situación precaria e inestable, no asegurando la seguridad salarial. Eso sí, saldrá de las estadísticas como un desocupado o un subocupado”, apuntó.
El letrado del estudio de la ciudad de San Pablo apuntó que aún falta ver la aplicación en la justicia de la nueva ley, que según dijo “dificulta el acceso del trabajador al Poder Judicial”.
Esto es porque la nueva legislación obliga al trabajador a pagarle los honorarios al abogado de la empresa en caso de que pierda o su demanda no sea aceptada, explicó.
La polémica por la ley tuvo su cenit esta semana con la declaración del Ives Gandra, un aliado de Temer que es nada menos que el presidente del Tribunal Superior del Trabajo, la máxima instancia de la justicia laboral.
“Es necesario flexibilizar derechos sociales para crear empleo. Nunca se combatirá el desempleo ampliando derechos”, dijo Gandra, quien apuntó hacia cierta “industria del juicio” de los asalariados que son despedidos.
“No es posible darle a una persona que recibía un salario mínimo el mismo tratamiento de alguien que gana 50.000 reales (unos 15.000 dólares). Es como si el fulano se hubiera ganado la lotería”, dijo Gandra, que consideró a la reforma “como una necesidad de modernización” similar a la que se realizó en España, buscando “mantener empleo reduciendo beneficios”.
Según las encuestas, que le dan a Temer una popularidad del 3%, la reforma laboral es antipopular. El 78% de los consultados indicó que no votaría por un legislador que apoyó la reforma laboral.
El 81% de los brasileños desaprueba la reforma laboral y el 67% considera que la nueva normativa beneficia a las patronales, según una encuesta de la consultora Vox Populi divulgada ayer.