Hualpa: “la causa por espionaje definirá qué debe hacer una fuerza en democracia”

El viernes comenzó el juicio oral y público a tres almirantes, cinco capitanes de navío, tres capitanes de corbeta y tres suboficiales de la Armada acusados de realizar tareas ilegales de inteligencia, en la Base Almirante Zar de Trelew. En Rawson se inició el proceso judicial que continuará mañana y es considerada una causa testigo en momentos en que se debate acerca de las tareas que le competen a las fuerzas armadas en época de democracia.

“Finalmente comenzó el juicio”, dijo Eduardo Hualpa en diálogo con Diario Patagónico al hacer referencia a la larga espera de seis años desde que se presentó la denuncia y se dio inicio al juicio oral y público, el último viernes en Rawson. Pero todo indica que no será fácil avanzar.  De hecho tanto los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como Hualpa denuncian que en todos estos años se produjeron maniobras “dilatorias”.

DILACIONES
El juicio oral y público comenzó el viernes a las 10, en el Cine Teatro José Hernández de Rawson. Aunque la audiencia estaba programada para el lunes 5 de marzo, se frustró por una  maniobra de las defensas. De hecho, el último ardid fue una insólita demanda por falso testimonio y falsa denuncia contra el cabo Carlos Ariel Alegre quien fue sometido a sanciones y maltratos cuando se negó ante sus superiores a cumplir órdenes de realizar el espionaje, y contra el abogado Hualpa, que participa de la querella como particular damnificado.
“Son planteos absurdos, pero que el Tribunal debe responder y resolver. La actitud desde que se inició el proceso fue la intentar dilatar todo lo posible el proceso”, señaló el abogado de Trelew reconocido por su tarea en la defensa de los derechos humanos.

ESTRATEGIAS
Hay que recordar que desde 2006, los acusados plantearon más de veinte incidentes para entorpecer la causa, entre nulidades, recusaciones e incompetencias que dilataron el proceso.
Once jueces y conjueces se excusaron, la Armada invocó el presunto carácter “secreto y confidencial” de los partes de inteligencia interior y algunos imputados adujeron la inconstitucionalidad del decreto del ex presidente Néstor Kirchner que relevó de guardar secreto al momento de declarar a todos los agentes navales citados en el transcurso del proceso. También rechazaron ser investigados por la Justicia Federal, alegando que sólo debían responder ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso a cargo de la Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia. También se registró la sustracción de documentos del expediente.

EN DEMOCRACIA
El debate en torno al control civil de las Fuerzas Armadas y su adecuación a las normas de la democracia volvió a ocupar la agenda de los medios periodísticos en las últimas semanas a nivel nacional después de que militantes denunciarán seguimiento de parte del personal de Gendarmería , prácticas que se conocieron en el marco de la sanción de la Ley Antiterrorista de parte del Estado nacional. 
En ese contexto, la causa por espionaje que se inició la semana pasada cobra relevancia social y política. Al respecto Hualpa consideró: “si las pruebas alcanzan, y creemos que será así, la Justicia Federal condenará delitos, y así dirá qué debe hacerse  y que no dentro desde el ámbito de las fuerzas armadas en democracia. Permitirá que se consoliden cambios en las prácticas de inteligencia nacional en las fuerzas armadas. Es sin dudas un caso testigo”, analizó.

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