Iguacel estaría comprometido en la cesión de una licitación

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la posible responsabilidad del secretario de Energía, Javier Iguacel, en irregularidades en la cesión de una licitación para obras viales a la empresa que presidía Juan Chediack, uno de los empresarios que confesó pagos ilegales en la causa de los cuadernos.

Iguacel era titular de Vialidad Nacional y habilitó con su firma la transferencia de un contrato que beneficiaba a OPS S.A, que estaba al borde de quebrar, a manos de Chediack, en una resolución que exigía autorización judicial para eso, obligatoria en un proceso concursal.

Pero no sólo no existía esa autorización, sino que luego la Cámara en lo Civil y Comercial la desaprobó en forma taxativa. En función de ese hallazgo, días atrás la jueza civil y comercial Vivian Fernández Garello declaró la “ineficacia” de aquella adjudicación, lo que implicó la suspensión de las obras.

Los representantes legales de Vialidad, en lugar de ofrecer una respuesta o solución y esclarecer un posible acto de corrupción, le advirtieron por escrito a la jueza que por su culpa los costos serán mayores para el Estado, y sugirieron que peligra más de un centenar de puestos de trabajo. Le pidieron una entrevista, pero ella les respondió que celebrarían una audiencia formal, a la que convocó a todos los interesados.

La semana pasada, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, recibió una denuncia proveniente de la fiscal ante la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín. Era parte del expediente del concurso de acreedores de OPS, empresa de Mario Cifuentes, que creció durante los gobiernos kirchneristas y que tuvo múltiples contratos con Vialidad y con YPF.

Un dictamen de la fiscal Boquín enumeraba una larga lista de irregularidades. Entre ellas relataba que la empresa había pedido autorización judicial para ceder la continuación de un contrato de obra pública con la Dirección Nacional de Vialidad (que comenzó en 2009) para obras en la Ruta 40, tramo Barrancas-Malargüe, en Mendoza, y pese a que no la había obtenido avanzó como si nada. Incluso presentó un contrato provisorio que, decía, quedaba supeditado a la decisión judicial.

Sin resolución alguna, en mayo de 2017 concretó el acuerdo con José J. Chediack SAIC y dispuso la continuidad de las obras. En octubre del año pasado la Cámara resolvió no autorizar la cesión del contrato, entre otras razones porque era (llamativamente) gratuita y no generaba ningún beneficio para el concurso. El caso fue revelado por la periodista Emilia Delfino en Perfil.

Todo indicaría que uno de los datos que determinaron a Boquín a enviar el caso a la PIA, fue la corroboración de que en la resolución administrativa de la Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de Iguacel, afirmaba: “se ha verificado la aprobación pertinente por parte del juzgado”. “Claramente ese acto ha sido realizado en violación a lo dispuesto” en la ley de concurso y quiebras, resolvió la jueza el mes pasado, en función del dictamen de Boquin que respaldó la Cámara. “El acto por el cual se instrumentó la cesión resultó ineficaz de pleno derecho”, señaló la jueza Fernández Garello.

Su resolución señalaba que aunque ya se ejecutó el 50 por ciento de la obra, la declaración de ineficacia que frena la actividad busca evitar perjuicios para los acreedores, que aún siguen sin recibir el pago de deudas. Pidió informes al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y a la Dirección de Vialidad con la documentación del proceso de adjudicación, en el que ya se sabe que no hubo licitación ni tenía aprobación.

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