Imputado en muerte del remisero se negó a declarar ante el juez

Un dilema  jurídico comenzó a plantearse por el asesinato del remisero Héctor Alvarado, perpetrado el pasado viernes 20 de agosto, hecho que conmocionó a toda la comunidad.

El pasado lunes un hombre de 23 años, identificado como Cristian Vega (otras fuentes señalan que su nombre es Crisfolfo), se entregó espontáneamente ante una comisaria confesando ser el autor del hecho de sangre.

Sin embargo ayer, asesorado por el abogado particular Carlos Linares, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez de instrucción Marcos Pérez Soruco.

El fiscal Martín Sedán, quien también participó de la audiencia, dijo a El Patagónico que la causa está caratulada como “homicidio culposo” pero por separado y al retirarse del edificio de tribunales, el juez manifestó a este mismo medio que por ahora la misma se define como “Seccional Segunda, investigación de muerte”.

No obstante precisó que Vega está “imputado” en el hecho y que definirá su situación procesal en un lapso de diez días hábiles como lo estipulan normas legales.

Vega fue trasladado esposado y con la cabeza cubierta con una campera gris a la sede del Juzgado de Instrucción N° 1 a las 17.30.

Fue retirado alrededor de las 21:15 con un gran despliegue de medidas de seguridad de escasos precedentes ya que participaron alrededor de diez efectivos policiales, a pesar que no hubo familiares, amigos, taxistas o remiseros en el acceso al edificio tribunalicio.

El abogado patrocionante del autor confeso (ante la policía) del brutal asesinado, se excusó de formular declaraciones a la prensa, en tanto que el juez Pérez Soruco citó que la negativa a declarar de un sospecho es un derecho constitucional.

Cuando se le preguntó por la extensa permanencia de Vega en el juzgado, dijo que ello se debió a las entrevistas que mantuvo con su abogado defensor, el cual a su vez tuvo acceso al expediente.

Por otra parte hizo saber que se continuará recolectando todas las pruebas del caso y que el “imputado” continuará detenido en la comisaria antes citada a la espera de que la causa tenga un encuadre específico.

Finalmente vale señalar que otras fuentes del ámbito judicial consultados por El Patagónico indicaron que la validez de la confesión hecha en una sede policial, jurídicamente se toma como un indicio y que el mismo debe ser cotejado con todas las pruebas de cargo que se colecten para una causa.

En ese contexto, habría registro de videos de varias cámaras de seguridad que lo comprometen seriamente.

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