El fiscal general Héctor Iturrioz está a cargo de esa causa judicial surgida por el corte del suministro de agua potable que se registró a principios de noviembre de 2014 y que se prolongó por más de 80 horas. Esa situación llevó a que la Fiscalía de Estado de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia denunciaran penalmente a la conducción regional del sindicato de Obras Sanitarias que lidera José Santiago.

La investigación se dilató casi un año debido al retraso en la entrega de "documentación fundamental" por parte de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Chubut, precisaron fuentes judiciales consultadas por este diario.

Sin embargo, el fiscal ya está en condiciones de solicitar la audiencia de apertura de la investigación para esta misma semana, se indicó. Así tres gremialistas serían imputados por el delito de interrupción de servicio público, según lo reprime el artículo 149 del Código Penal.

De acuerdo a la denuncia, el 7 de noviembre de 2014 se había producido un corte de agua y el restablecimiento del servicio se estimaba en 30 horas. Sin embargo, una medida de fuerza llevó a que la interrupción del suministro se extendiera por más de 80 horas, hasta el 11 de ese mes.

Originalmente habían sido dos las denuncias, una de esfera municipal y la otra provincial -impulsada por el fiscal de Estado Miguel Montoya- pero fueron unificadas. El escrito municipal fue acompañado con actas policiales de constatación de falta de agua en hospitales públicos, clínicas privadas y otros lugares de atención esencial.

La denuncia radicada ante la Justicia surgió así a partir de que por una retención de servicios de Obras Sanitarias, Comodoro Rivadavia sufrió el corte de agua más largo de los últimos años, con casi cinco días sin suministro.

La presentación se realizó en el marco de lo previsto por el artículo 194 del Código Penal, norma que protege el normal funcionamiento entre otros del servicio de provisión de agua, "siendo que su interrupción ajena a los desperfectos técnicos del servicio podría constituir una acción injusta cuya investigación es de acción pública" con lo que se solicitó "a los fines de su pesquisa y enjuiciamiento, en caso de constatarse una acción típica, antijurídica y culpable, de los responsables autores, coautores, cómplices y encubridores".

Así, lo que se solicitó investigar fue la presunta comisión del ilícito los postulado por Ley 25.877 que en su artículo 24 señala: "cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo."

INTENCIONALIDAD

En ese mismo noviembre de 2014 y en ocasión de radicar la denuncia provincial, el fiscal de Estadohabía argumentado públicamente: "tamaña medida de afectación a la ciudad no se puede basar en sus reclamos, donde no hay posibilidad de pérdida de empleos ni salarios. La proporción de la medida sindical con lo peticionado en un momento de gravedad constituye una intención dolosa de perjudicar a la entidad y a toda la sociedad".

Entre las pruebas ya presentadas en esta etapa preliminar, se cuentan las ya señaladas actas policiales junto a una nota presentada a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada por un transportista, mediante la que informó que en esas fechas afiliados de Obras Sanitarias le impidieron el retiro de repuestos de motores del acueducto para su reparación.

Esa nota firmada por el transportista Hugo Angeloff, fue una de las testimoniales ofrecidas en la formulación de la denuncia, y se agregó al expediente.