La fiscal federal Paloma Ochoa imputó este jueves al secretario de Energía, Javier Iguacel, por supuesto abuso de autoridad en la “compensación” de los usuarios a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación del peso.
Ochoa argumentó que se habría tratado de un acto que buscó "asegurar un margen de ganancia" de las compañías en un contexto devaluatorio que afecta a la mayoría de los sectores de la sociedad argentina.
La fiscal le solicitó a la jueza María Romilda Servini medidas de prueba para comenzar la investigación y además le solicitó que dicte “de forma urgente” una medida cautelar “de no innovar” contra la Secretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda para que se suspenda por 60 días la aplicación de la resolución cuestionada.
Publicada el viernes pasado, la Resolución 20/2018 –que el gobierno anunció que finalmente no implementará- habilitaba a la distribuidoras a cobrar un pago extra en 24 cuotas.
Mientras tanto, fuentes judiciales confirmaron que el secretario presentó este jueves al mediodía un escrito en Tribunales en el que dice que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, publicó Minuto Uno.