Imputaron a los empresarios locales Pasquini, Freile e Ighani

El caso fue declarado "complejo" por la gran cantidad de evidencia y la cifra de acusados. El miércoles, once nuevos empresarios fueron imputados. Los fiscales dicen que pagaron coimas por más de 13 millones de pesos. Nueva declaración de Martín Bortagaray.

Once nuevos empresarios de la construcción fueron imputados en la causa “Revelación” por el presunto pago de coimas a funcionarios públicos para percibir a cambio los certificados de las obras que realizaban. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz los acusaron de entregar dinero al exsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa; a los exministros de Infraestructura, Alejandro Pagani, y de Economía, Pablo Oca, y al expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray.

Además, el juez Sergio Piñeda declaró la investigación como “caso complejo” a pedido de los fiscales, debido a la gran cantidad de prueba recolectada y a que ya hay 35 personas acusadas.

Según informa el diario Jornada, Nápoli e Iturrioz plantearon que no necesitarán todo el plazo que habilita el caso complejo, es decir un año y medio de investigación. Les bastarán diez meses. Así, la pesquisa culminará el 22 de marzo de 2019.

En la audiencia de anteayer estuvieron presentes los empresarios, sus defensores y los exfuncionarios acusados. Hubo una videoconferencia en simultáneo con Esquel y Comodoro Rivadavia con Marcelo Pasquini, de Pasquini Construcciones, y Miguel Freile, de Freile Construcciones, respectivamente. La lista incluye a Claudio Díaz (CD Construcciones), Massoud Ighani (Rigel), Javier Ban (Ingar Construcciones), Diego Cagnolo (Diherco), Salvador Indómito (Garbin), Claudio Gatica (Gatica Construcciones), José Rossi y Juan Riquelme (IPE), y al responsable de Pórtico.

LAS COIMAS

Según la Unidad Anticorrupción, el total de coimas trepó a $13.824.897. A cambio, cobraron órdenes por $675.482.021.

Según la acusación, Díaz le entregó a Correa dinero en al menos cuatro oportunidades, por $500 mil, $110 mil, $300 mil y $400 mil. Estos pagos permitieron que la empresa percibiera certificados de obra por $ 51.405.539. Los fiscales explicaron que una vez que Correa recibía la coima, avisaba a los por entonces ministros Pagani y Oca para que liberaran las órdenes de pago.

En relación a Massoud Ighani, habría hecho varios pagos a Correa durante 2016 y 2017 por $1 millón; $1,5 millón; $1 millón y un cuarto pago de $450 mil. Por estos pagos, la empresa cobró órdenes por $ 130.997.542.

A Javier Ban la acusación de la Unidad Anticorrupción le imputa haber pagado montos que enumeraron en: $150 mil, $600 mil y $300 mil. A cambio recibieron órdenes de pago por $68.796.456.

En relación a Pórtico, a su responsable se le imputa el pago de: $ 45 mil, $ 81.500 y tres cheques de $ 30 mil cada uno. Las obras que cobraron fueron por $ 65.263.719.

Diego José Cagnolo, dicen los fiscales, pagó coimas por $150 mil, $126 mil, $320 mil y $123.400. A cambio recibió órdenes de pago por $ 33.381.235.

Para Pasquini la acusación enumeró pagos por $30 mil, $30 mil y $29.755. Por esto recibió órdenes de pago por $ 153.663, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público Fiscal.

En relación a Salvador Indómito, se enumeraron pagos por: $358.871, $546 mil, $401 mil, $186 mil, $309 mil, $280 mil, $602 mil y $ 728 mil. A cambio recibió órdenes de pago por $131.548.689.

Gatica habría abonado coimas por $ 173 mil, $ 164 mil, $ 302 mil, $ 206 mil, $ 180 mil, $ 119 mil y $ 227 mil. Desde el Gobierno le abonaron obras por $ 61.656.883.

A Freile le imputan un pago de $ 360 mil y otro de $ 540 mil, para destrabar órdenes para su empresa por $87.205.282. Por último, se planteó que Rossi y Riquelme hicieron pagos por $ 714 mil y por tal motivo IPE cobró $13.549.318.

En la audiencia pidió la palabra el expresidente del IPV, Bortagaray. Explicó que durante los gobiernos de Mario Das Neves y Mariano Arcioni se estableció por memo, e incluso en las reuniones de gabinete se reiteraba, que todos los funcionarios debían pedir autorización a la Privada del gobernador para cualquier compra o contratación por más de $ 50.000. Estos pedidos quedaron reflejados en una circular de enero de 2016 y otra de enero de 2018. Bortagaray dijo que el IPV siempre le pagó a todas las empresas y si no alcanzaban los fondos, se abonaba un porcentaje de la deuda igual para todos los empresarios.

El fiscal Iturrioz le pidió aclarar si los pedidos de autorización eran para pagos o contrataciones. El imputado dijo que para todo debían pedir permiso, incluso si tenían que viajar a Buenos Aires o al interior provincial. Nápoli consultó si le preguntaban al propio gobernador. Bortagaray dijo que no, el trato era con Correa ya que por la fragilidad de la salud de Das Neves no tenían contacto. Hasta reveló que en julio de 2016 estaba muy mal, peor de lo que se conocía.

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