Investigan espionaje a más de un millón de argentinos

La Justicia Federal investiga si la firma Swift, con sede en Bruselas, Bélgica, dedicada a la transferencia electrónica de dinero en todo el mundo, violó secretos al difundir a los Estados Unidos los datos de más de 1.300.000 operaciones efectuadas desde la Argentina.

Buenos Aires (Télam)
Pese al hermetismo que hay en los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital; se pudo saber que se trata de una causa iniciada por denuncia del fiscal general German Moldes ante la Cámara Federal, y que recayó ante el juez Norberto Oyarbide.
Tras realizar una «investigación preliminar», Moldes concluyó en la necesidad de que la justicia analice la denuncia efectuada por la fiscal general en lo comercial Alejandra Gils Carbo, en base a un informe de la agencia «Privacy International», con sede en Londres.
El caso, que en algunos países se conoce como el «Gran Hermano», se originó a raíz de la «transferencia de información personal de Swift al gobierno de los Estados Unidos» que involucra la «divulgación encubierta de información personal relacionada con residentes de Argentina».
Swift (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications) es la responsable de más del 90 por ciento de las transferencias electrónicas de dinero entre todas las entidades del mundo, y está integrada por representantes de los 2.200 principales bancos del mundo.
En la denuncia de «Privacy International» se señala que, si bien la divulgación de datos se requiere para prevenir actos terroristas, «deben estar sujetas a procesos legales establecidos» y siguiendo pasos que no se habrían cumplido «ni por Swift ni por el gobierno de los Estados Unidos».
«Esta denuncia no busca desafiar la existencia de disposiciones para divulgar información personal basados en fundamentos legítimos de seguridad nacional o en el contraterrorismo», afirmó la fuente consultada.
No obstante, la fuente dijo que, en este caso, «las divulgaciones son ilícitas y debería ponérseles fin».

DELEGAR
Tras la denuncia de Moldes, el juez Oyarbide delegó la instrucción de la causa en los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers quienes, con la intervención del secretario Sebastián Basso, quienes ya ordenaron las primeras medidas de prueba.
Entre ellas pidieron que la Unidad para la Investigación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a cargo del fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee, informe sobre la obligación de entidades financieras de «brindar información a los distintos estados referente a actividades de los clientes».
Los fiscales también quieren que el Banco Central brinde un detalle de la normativa aplicable a las operaciones en las que interviene Swift.
Además pidieron que se convoque a un experto de la Universidad Torcuato Di Tella (el profesor Carlos Gregorio miembro de la ONG «Privacy Internation») para que aporte datos de la denuncia.
En el expediente -ingresado a la fiscalía el 6 de febrero bajo el número 903- se acompaña la denuncia primigenia de Gils Carbo, donde le pide al Procurador General que «le asigne el curso que estime corresponder» atento a la «relevancia institucional» que tiene la denuncia.
En las cuatro carillas de su escrito Gils Carbo recuerda que, tras la reforma constitucional de 1994, todas las personas tienen derecho de «conocer y controlar sus propios datos que se hallen en registros públicos y privados destinados a proveer informes».
«De esta forma nos hicimos eco de la preocupación universal por este nuevo factor de vulnerabilidad de los derechos humanos. La protección de los datos personales está vinculada en forma inescindible al concepto de libertad y de dignidad de la persona», dijo la fiscal.

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