La Fundación Soberanía amplió su presentación ante el Juzgado Federal de General Roca —a cargo del magistrado Hugo Greca— para exigir que se investigue y declare nula la licitación de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, bajo la acusación de haber montado un mecanismo sistemático para subvaluar los activos del Estado y entregarlos a un grupo selecto de empresarios vinculados al poder político.

De esta manera, el plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional sumó un nuevo y gravísimo revés judicial.

El epicentro de los cuestionamientos recae de lleno sobre Edison Inversiones S.A.U., la firma adjudicataria de las centrales de Alicurá y Cerros Colorados, liderada por los hermanos Patricio y Juan Neuss.

De acuerdo con la denuncia presentada, la compañía forma parte de un tejido de beneficiarios que repite patrones de adjudicaciones anteriores, señalando directamente los estrechos lazos de los empresarios con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

En la ampliación de la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Ámbito, se detalla cómo se consumó el reparto de los complejos hidroeléctricos estratégicos de la Patagonia.

Junto a la firma de los Neuss figuran:

BML Inversora S.A.U, controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, adjudicataria de El Chocón-Arroyito.

Central Puerto S.A.: adjudicataria de Piedra del Águila, cuyos principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany.

Para la entidad denunciante, la repetición de estos nombres evidencia un patrón de conducta orientado a beneficiar a un círculo rojo predeterminado, eludiendo los mecanismos de transparencia administrativa.

LOS CUATRO ESLABONES DE LA ILEGALIDAD

El documento judicial apunta directamente contra el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y describe una cadena de presuntas irregularidades administrativas dividida en cuatro etapas críticas:

La elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN): presidido por Julio Villamonte, el organismo quedó expuesto por no contar con los tiempos lógicos de trabajo, buscando preconstituir una "imposibilidad temporal".

El desplazamiento hacia el BICE: al desplazar al TTN, la tasación quedó en manos de la unidad de valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Al depender jerárquicamente del propio Ministerio de Economía —impulsor de las privatizaciones—, se pulverizó cualquier atisbo de imparcialidad técnica.

Metodología de subvaluación: la denuncia cuestiona el uso del sistema de "Flujo de Fondos Descontados", tildándolo de un mero ejercicio financiero de ganancias hipotéticas que viola la propia normativa interna del TTN y la jurisprudencia de la Corte Suprema, las cuales exigen métodos de valor patrimonial sustantivo.

Apuro fiscal y concursos "sin base": la urgencia recaudatoria por los u$s2.300 millones pretendidos por el Ejecutivo completó el cóctel para consumar el perjuicio al erario público.

Con este panorama, la Fundación Soberanía solicitó formalmente a la justicia federal que cite a declarar a los hermanos Neuss y al resto de los empresarios salpicados, con el objetivo de frenar una operación que, de comprobarse las irregularidades administrativas, podría terminar siendo declarada nula de nulidad absoluta.