Investigan probable defraudación de cirujanos del Sistema Público de Salud

El fiscal de Estado había ordenado un pedido de información al Ministerio de Salud tras las denuncias de esa esfera vinculadas a exigencias de los cirujanos para levantar medidas de fuerza. La requisitoria de Miguel Montoya, basada en 14 puntos, podría derivar en defraudación al Estado por parte de los profesionales, de comprobarse que en horarios de afectación al Sistema Público de Salud encabezaron operaciones en quirófanos privados.

 El Ministerio de Salud de Chubut tiene facultades de superintendencia también sobre el sector privado, pudiendo solicitar los libros de cirugías, en los que cada quirófano detalla el equipo que integró la intervención, el cirujano a cargo y el paciente intervenido.

Esa es justamente una de las requisitorias que el fiscal de Estado, Miguel Montoya, ordenó al ministro de Salud, José Manuel Corchuelo Blasco. El funcionario ya giró el pedido a los nosocomios –que abarca 14 puntos en total– y en el caso de los libros de cirugía, se pide concretamente el listado de intervenciones de los últimos dos años.

Así, lo que inicialmente había llegado a la esfera de la Fiscalía asociado a un conflicto laboral y medidas de fuerza, podría tener derivaciones judiciales si del contraste de esos libros surgen datos que comprueben que médicos cirujanos afectados al sistema público de salud desarrollaron operaciones en quirófanos privados durante el horario de dedicación a hospitales.

Mientras esos datos comprobarían una defraudación al Estado, el delito podría además convertirse en flagrante si de los mismos libros, de los que Montoya también solicita el nombre de los pacientes, surge que sus diagnósticos se detectaron en hospitales públicos, donde también se podrían haber realizado las intervenciones a quienes contaban con obra social.

La orden de información no sólo abarca a Comodoro Rivadavia, sino también a las ciudades de Trelew, Esquel y Puerto Madryn, y de comprobarse las presunciones el caso no sólo podría llegar a estrados judiciales sino hasta implicar cesantías e incluso la suspensión de la matrícula médica de registro provincial.

El caso es una derivación de la investigación abierta a partir de una denuncia radicada ante la Fiscalía de Estado por el ministro de Salud, José Manuel Corchuelo Blasco, por ilegalidad en los acuerdos, por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, que se firmaron el 13 de mayo y el 14 de julio de este año y exigidos para restablecer servicios quirúrgicos suspendidos durante 2013 y 2014, sobre la base de medidas de acción directa y la posición dominante de los cirujanos de los hospitales públicos.

Se trata de acuerdos concedidos mediante resolución, que abarcan concretamente las horas otorgadas en calidad de guardias pasivas (que podían sumar hasta 200 en algunos casos), un ítem que redunda en inequidad salarial entre médicos con similares responsabilidades, con la convivencia de profesionales insertos en el Convenio Colectivo de Trabajo y los cirujanos que cobran sus salarios por fuera del mismo, sobre la base de los acuerdos denunciados.

TODA LA INFORMACION

La orden del fiscal de Estado tenía por objeto comprobar la dedicación de los profesionales en cuestión, por lo que entre los elementos que se pidieron se encuentran listados (por hospital) de médicos cirujanos, modalidades de designación, horario y días de trabajo, turnos de desempeño de tareas, guardias y horas de cumplimiento, entre otros puntos.

También las ya mencionadas planillas de estadísticas de cirugías, con discriminación de cirugías programadas por mes de los últimos dos años, las suspendidas y las efectivamente realizadas e información similar respecto a los anestesistas, instrumentistas, enfermeros y demás personal que realiza tareas en los quirófanos hospitalarios.

En función de corroborar la existencia o no del incumplimiento a las pautas laborales fijadas o superposición con otras del ámbito privado, el fiscal solicitó que se constaten cirugías (en el sistema privado) efectuadas por cirujanos que tienen relación de dependencia con el Sistema Provincial de Salud, indicando día y hora, nombres del cirujano y del paciente, entre otros datos, también en el lapso de los últimos dos años.

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