El acto de ayer fue presidido por la jueza penal Daniela Arcuri, mientras por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; y la defensa de Reyna y Leonori estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, mientras la de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero. En tanto la de Antimilla y Medina Consoli fueron ejercidas por Esteban Mantecón, defensor público.

En un primer momento el defensor de Acosta solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba de su pupilo en virtud de su falta de antecedentes penales y en tanto que el concurso de cargos que se le imputan, falsedad ideológica en concurso ideal con exacciones ilegales y cohecho pasivo, tiene una pena mínima de 1 año de prisión. La pena será de cumplimiento condicional, sostuvo el defensor. Solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público.

También ofreció pagar el 20 % de su sueldo durante dos años, cuatro presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y observar las pautas de conducta establecidas en la Ley.

Seguidamente el defensor de Medina Consoli y Antimilla, acusadas por falsedad ideológica y cohecho pasivo, también sostuvo que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte el defensor de Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

SOLO POR ACOSTA

A continuación la querella requirió se acepte la propuesta de reparación de Acosta, pero se opuso a la de las restantes imputadas, Medina Consoli, Antimilla y Leonori, por considerar que las mismas no son suficientes, sugiriendo la de 300 horas de trabajo comunitario y el 20% de sus sueldos por un año.

La fiscal por su parte se refirió al cambio de jueces y criterios, como de adecuaciones de la plataforma fáctica, a lo largo de la tramitación de la causa. Desde el inicio la fiscalía jamás tuvo la intención de oponerse a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba ya que se cumplía con los criterios objetivos y subjetivos para los imputados, salvo para Abel Reyna.

La discusión se planteó respecto de los bienes que los imputados debían dejar en favor del Estado porque se encontraba una valla legal si permanecían en las viviendas que habían sido parte del pago de las maniobras efectuadas por Reyna, teniendo en cuanta que el resto de los imputados habían sido colaboradores y partícipes.

En el marco de un sumario Administrativo iniciado por el IPV respecto de las personas imputadas en la presente audiencia se inicia a partir de una solicitud del Ministerio Público Fiscal con el objeto que el IPV recupere las viviendas. Este inicio de ejecución del recupero habilita a la fiscalía a prestar la conformidad de las suspensiones que han ofrecido cada uno de los imputados, afirmó Banfi.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos del mismo declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias.

Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes.